SALTILLO, COAHUILA. – Este lunes arrancó en la Auditoría Superior del Estado (ASE) la primera audiencia contra la exalcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores, en un procedimiento que —según especialistas y personal cercano al caso— podría culminar en inhabilitaciones, fuertes sanciones administrativas e incluso denuncias penales por posibles actos graves de corrupción.

De acuerdo con fuentes internas, esta audiencia es apenas el primer desahogo de varias carpetas, y marca el comienzo de un proceso que podría extenderse durante semanas y meses ante el cúmulo de irregularidades señaladas. Funcionarios consultados confirmaron que existen múltiples expedientes abiertos, tanto en materia administrativa como en rutas que eventualmente podrían activar vías penales.

Señalamientos previos: amparos presuntamente negados y expedientes acumulados.

Fuentes con acceso al proceso señalaron que, incluso antes de esta audiencia, Tania Flores habría intentado promover amparos para frenar o retrasar revisiones de la ASE, pero que dichos amparos habrían sido negados por la carencia de elementos suficientes.

Aunque no cambian por sí mismos la responsabilidad, sí muestran —según analistas— la preocupación jurídica de la exalcaldesa ante la magnitud de los señalamientos.

Entre excolaboradores, ciudadanos y diversas organizaciones locales existe consenso en que la gestión de Tania Flores fue la peor en la historia del municipio.

Los testimonios recabados públicamente señalan:

* Abuso sistemático de poder,

* Represión con fuerza pública,

* Contratación de proveedores vinculados familiarmente,

* Manejo opaco del presupuesto,

* Sospechas de desvío de recursos relacionados con la compra-venta de vehículos,

* Maltrato institucional y desorden financiero generalizado.

Estas acusaciones han sido documentadas en medios, denuncias y declaraciones oficiales que ahora forman parte de la revisión de la Auditoría.

La audiencia de este lunes tenía como objetivo únicamente recibir información y documentación. Sin embargo, Tania Flores convirtió el procedimiento en un espectáculo mediático, transmitiendo en vivo, retrasando por más de 40 minutos el inicio y generando tensión innecesaria entre los asistentes.

Finalmente, pese a su insistencia pública por transmitirlo, se negó a declarar oralmente y presentó información parcial de manera escrita.

NUEVOS NOMBRES QUE PODRÍAN ENFRENTAR REACCIONES PENALES

De acuerdo con fuentes internas, la línea de investigación no solo involucra a la exalcaldesa.

En materia penal, se menciona que podrían existir reacciones o procedimientos relacionados con dos colaboradores cercanos:

•  Víctor Manuel “N.”

•  Fernando “N.”

Ambos habrían tenido participación en procesos administrativos, firmas, compras o autorizaciones vinculadas a las irregularidades señaladas durante el gobierno municipal.

Las autoridades deberán determinar, mediante pruebas técnicas, si su participación deriva en responsabilidades administrativas o penales.

Afuera de la ASE se presentaron grupos ciudadanos que denunciaron haber sido víctimas de abusos durante la administración morenista. Entre las vocerías se escucharon frases como:

•  “Ya era hora de que llegara la justicia a Múzquiz.”

•  “Al fin se está haciendo justicia por los abusos de poder de Tania.”

•  “Dejó el municipio destrozado.”

Los manifestantes también recordaron casos de encarcelamientos sin fundamento, persecuciones políticas y acciones autoritarias que marcaron el trienio de Tania Flores.

Esta primera audiencia no implica sanción, pues la ASE únicamente está recabando información.

Las decisiones corresponderán posteriormente a los tribunales y órganos competentes.

Sin embargo, expertos en administración pública coinciden en que este caso marca el inicio formal de un proceso que podría transformar en consecuencias legales importantes, como:

•  Multas,

•  Responsabilidades resarcitorias,

•  Inhabilitaciones,

•  Eventualmente denuncias penales.

Para muchos habitantes de Múzquiz, esto representa el primer paso en la ruta de justicia después de una administración señalada por corrupción, abuso y desorden institucional.