Organizaciones de abogados de Sinaloa señalan que el propio gobernador del estado reconoció cuando era candidato que se tenían que llegar a acuerdos con el crimen organizado
Por Héctor Gordoa/Latinus
La Prensa
MÉXICO.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación con integrantes del crimen organizado que ha derivado en una crisis de inseguridad, la cual ha repercutido en la vida social y económica de la entidad.
Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Federación de Abogados de Sinaloa presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y dirigida a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, encubrimiento, delitos relacionados con la administración de justicia y delincuencia organizada.
En la página 17 del documento exponen que fue el propio Rocha Moya, cuando fue candidato a la gubernatura, quien reconoció que para gobernar Sinaloa se tenía que llegar a acuerdos con el crimen organizado, declaraciones que realizó el 23 de abril del 2021 en una entrevista a Latinus.
“Tal parece que Loret de Mola profetizó lo que podía pasar en Sinaloa cuando el gobernador le reconoció que efectivamente debía tener algunas conversaciones o algunos arreglos con los poderes fácticos, la verdad, pero no pensábamos nosotros que fuera con tanta crueldad; pensábamos que pudiera haber dos o tres culiacanazos, pero no un culiacanazo tan prolongado de 1 año y 6 meses”, recordó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.
Los abogados afirmaron que el gobernador del estado ha sido omiso en brindar la seguridad de los sinaloenses e incluso ha obstaculizado las investigaciones y el acceso a la justicia de la población.
Como pruebas de esta colusión entre el gobernador Rubén Rocha y la delincuencia organizada, expusieron el montaje orquestado por la entonces fiscal del estado, Sara Bruna, misma que no ha sido procesada, sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén; y el presunto viaje de Rocha Moya que realizó el mismo día del secuestro y entrega del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “ El Mayo” Zambada, ambos ocurridos en el mismo lugar el 25 de julio del 2024.
Estos hechos detonaron una ola de violencia que estalló el 9 de septiembre del 2024 y que a la fecha se ha recrudecido y los delitos son mayores a los que publican las autoridades.
“Nosotros estamos obligados a poner en conocimiento de la gente del Ministerio Público hechos que a nuestro juicio sean constitutivos de delitos y le corresponde al Ministerio Público, conforme al artículo 214, iniciar las investigaciones correspondientes”, dijo Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.
Desde el 9 de septiembre del 2024 a la fecha, se han registrado 2 mil 883 homicidios; 3 mil 314 privaciones de la libertad; 9 mil 714 robos de vehículos. Afirman que las cifras están maquilladas porque aseguran que los datos están maquillados por instrucciones del gobernador en contubernio con el gobierno federal.
Ante el tema de la impunidad, el abogado Beltrán Verduzco dio como ejemplo el secuestro de 10 mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, y la localización de cinco de ellos sin vida.
“Hoy ya lo hemos reducido como ‘Pinocho Harfuch’ porque lo que sucedió en Concordia con el levantamiento de los mineros pues va y dice que los habían confundido con integrantes de los poderes fácticos, es mentirle al pueblo, es contaminar una carpeta de investigación, de ese tipo de situaciones es que la gente está harta y nosotros vemos una participación indolente, cínica y de compromiso con los poderes fácticos del gobernador constitucional del estado de Sinaloa y por esto en otros países desde cuándo estuviera fuera del gobierno”, reclamó Ricardo Beltrán.
En caso de que la FGR no lleve a cabo las investigaciones correspondientes, llevarán el caso al Departamento de Estado estadounidense y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Todos los elementos necesarios llevarlos ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana, ante la Organización de las Naciones Unidas, donde sea tenemos que ir, ya estamos bien cansados, ya estamos hartos, ya la impotencia nos arropa a uno y no queremos que nos gane la apatía porque si nos gana, entonces sí estamos sepultados totalmente”, sentenció Beltrán.
