La Auditoría Superior señaló que el monto deriva del presupuesto que gastaron dos hospitales nacionales, dos centros nacionales y siete institutos nacionales
Por Staff/ El Universal
La Prensa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 11 auditorías a la Secretaría de Salud (Ssa) y determinó que debe aclarar el destino de 566 millones 120 mil pesos que ejerció durante 2024.
Dicho monto deriva del presupuesto que gastaron dos hospitales nacionales, dos centros nacionales y siete institutos nacionales que dependen de la Secretaría federal.
Del total, 353 millones 474 mil pesos corresponden a diversos gastos realizados por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, sin que comprobará el cumplimiento de los servicios o los insumos pagados a 12 personas físicas, y las empresas Biodist, Lavandería de Hospitales y Sanatorios, FJ Kimme, Orthopbone & Spine, Gvicoa, D’Sazón Seguridad Alimentaria, Ocram Seyer y al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.
En el caso de Biodist, el Hospital pagó 214 millones 883 mil pesos sin que la empresa proporcionara evidencia documental de las pruebas efectivamente realizadas para el Laboratorio Central, de que se llevaron a cabo los procedimientos relacionados con el servicio de banco de sangre y las estadísticas de pruebas por sección para el proceso de facturación.
Tampoco entregó pruebas que haya capacitado al personal para utilizar “cada uno de los equipos proporcionados en comodato; de los mantenimientos preventivos; del suministro de insumos y consumibles adicionales a los descritos en el paquete de banco de sangre y de la entrega del hardware nuevo para el sistema informático y administrativo”.
Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también debe aclarar el destino de 121 millones 934 mil pesos ejercidos en 2024; la ASF constató “transferencias de recursos públicos federales entre empresas proveedoras; así como, transferencias a un servidor público de la Cofepris y a su cónyuge, en las que participaron diversas personas físicas y morales”.
Además, la Cofepris no acreditó que su almacén contara con un sistema o herramienta informática para el registro de entrada y salida de las sustancias químicas; y del contrato suscrito para el servicio de la Plataforma de Digitalización de Registros Sanitarios, se constató que la Comisión no supervisó la recepción oportuna de los entregables de octubre de 2024, los cuales fueron recibidos con atraso.
El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez debe aclarar el destino de 86 millones 424 mil pesos; y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán debe comprobar el gasto de 4 millones 287 mil pesos.
