Afectados entregaron anticipos de hasta 60 mil pesos por unidades que nunca recibieron; el local permanece bajo resguardo policial
Por: José Hernández
LA PRENSA
SALTILLO, COAHUILA. – La Fiscalía General de Coahuila en la Región Sureste mantiene abierta y en expansión la investigación contra la financiera Crevi Autos, señalada por presuntos fraudes en esquemas de arrendamiento de vehículos, caso que ya acumula más de 80 denuncias formales y podría sumar más afectados conforme avancen las indagatorias.
El delegado regional, Julio César Loera Ruiz, confirmó que las carpetas de investigación continúan integrándose y que el Ministerio Público trabaja en la judicialización de más personas presuntamente involucradas en la operación de la empresa.
“Tenemos un número importante de personas que denunciaron y seguimos en el proceso de judicializar a más implicados”, afirmó el funcionario.
DOS OPERADORES YA VINCULADOS A PROCESO
El pasado 4 de febrero, un juez vinculó a proceso penal a Eleazar N. y Miguel Ángel N., identificados como operadores de la financiera, por los delitos de amenazas y cohecho.
Los imputados fueron detenidos luego de que presuntamente intentaran intimidar y sobornar a agentes de la Fiscalía que cumplimentaban una orden de cateo en las oficinas de la empresa, ubicadas en Plaza Carranza, sobre el bulevar Venustiano Carranza.
Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal, el juez determinó imponer prisión preventiva justificada a uno de los acusados y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. En el caso del segundo implicado, posteriormente se autorizó un cambio en la medida cautelar, además de que decidió colaborar con las autoridades proporcionando información relevante para ampliar las líneas de investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, esta cooperación ha permitido identificar posibles nuevas responsabilidades dentro de la estructura operativa de la financiera.
EL ESQUEMA DENUNCIADO
Según las denuncias presentadas por los afectados, Crevi Autos ofrecía esquemas de arrendamiento con opción a adquirir vehículos nuevos, solicitando pagos iniciales que iban desde los 5 mil hasta los 60 mil pesos.
Sin embargo, los denunciantes señalan que las unidades nunca fueron entregadas y que, tras exigir explicaciones o la devolución del dinero, dejaron de recibir respuesta por parte de la empresa.
Ante la acumulación de quejas, la Fiscalía solicitó y ejecutó un cateo en las instalaciones, donde se aseguró documentación relacionada con contratos y operaciones financieras. El local permanece asegurado mientras continúan las diligencias ministeriales.
MÁS VÍCTIMAS PODRÍAN SUMARSE
La autoridad estatal no descarta que el número de afectados incremente, ya que algunas personas podrían estar reuniendo documentación para formalizar sus denuncias.
Loera Ruiz explicó que las investigaciones buscan determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada persona involucrada y establecer si existió una estructura organizada para la captación de recursos bajo promesas incumplidas.
Asimismo, indicó que en algunos casos se han logrado acuerdos reparatorios entre particulares; no obstante, la prioridad institucional es integrar debidamente los expedientes para garantizar la reparación del daño a todas las víctimas.
“Vamos a continuar hasta que se repare el daño a quienes resultaron afectados”, subrayó el delegado.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía reiteró que el proceso penal sigue su curso y que el trabajo ministerial no se limita a los dos imputados iniciales. La colaboración de uno de ellos ha permitido extender las pesquisas hacia otras posibles personas relacionadas con la operación financiera.
El objetivo, señaló la autoridad, es deslindar responsabilidades de manera integral y evitar que este tipo de esquemas continúen afectando el patrimonio de ciudadanos.
Mientras tanto, la dependencia exhortó a quienes consideren haber sido afectados a acudir a presentar su denuncia formal, a fin de fortalecer las carpetas de investigación y avanzar en la recuperación de los recursos entregados.
