Por José Buendía Hegewisch
Reforma eléctrica y la bandera del nacionalismo
El presidente López Obrador vuelve remasterizado con la bandera del nacionalismo tras superar el covid, para librar una batalla que marcará su sexenio con la reforma a la industria eléctrica. El olor al combate parece darle fuerza y vitalidad al plan de modificar las reglas de juego del sector energético, con más empeño y obstinación que antes de la cuarentena. Ello, porque su iniciativa para favorecer a la compañía pública de electricidad (CFE) es central en una estrategia electoral que busca conectar el voto con gestas históricas de reivindicación de los bienes nacionales para retener el Congreso, ante escasos resultados de su gobierno.
La iniciativa fue enviada al Congreso como preferente cuando se recuperaba del covid, aunque desechó la vía de la reforma constitucional que blindaría de impugnaciones. Eso ya era una señal clara de la decisión y apremio por cumplir con las promesas de la 4T para todos aquellos que pensaban que el confinamiento lo haría cambiar de planes en la industria eléctrica, relajar el clima de confrontación con el poder económico o ajustar la estrategia ante la crisis sanitaria. Todo lo contrario, el aislamiento y distancia con la cotidianidad le sirvieron —como confiesa— para “reafirmar” creencias y su proyecto de reformas, aunque luego se atore en tribunales o sobrevengan demandas millonarias.
Eso no le preocupa porque la ley es un posicionamiento político. La exigencia al Congreso de aprobarla sin mover una coma es la expresión más clara de su firme asentimiento y conformidad con esas creencias y su apuesta electoral. Para algunos, el covid le sirvió para regresar a un estado confrontativo y de adicción nacionalista, aunque, sin anotar la relevancia electoral de una ley que empuja, a pesar de que fallos de la Corte ya anticipan juicios de inconstitucionalidad antes de aprobarse. No obstante, la orden taxativa cae como balde agua a legisladores de Morena que impulsan un parlamento abierto con la esperanza de corregir ahí fallas constitucionales y evitar controversias en la Corte. Si no admite discusión, ¿qué caso tiene ponerla a revisión pública? En efecto, lo que le dejó el covid fue reforzar sus posturas de que el Congreso no es un contrapeso a sus planes y que su misión es frenar a los privados porque, si la 4T no hubiera llegado, “controlarían el 80% de la industria eléctrica”, como dijo en tono propagandístico al reaparecer en la mañanera con un discurso recargado del viejo sonido de las gestas patrióticas.
Surtió efecto. Inmediatamente, la Comisión de Presupuesto se pronunció a favor, a pesar de advertir que afecta tratados comerciales en inversión, comercio internacional y empresas del Estado, así como derivar en demandas que le generarían deudas. Según sus estimaciones, la CFE podría aumentar hasta en 135,000 millones de pesos sus utilidades, pero el costo de la cancelación de contratos podría abrir un pasivo de 451,000 millones de pesos.
El cambio de reglas de juego, sin embargo, genera nerviosismo e incertidumbre en el sector energético, que estudia medidas de respuesta si se revisan los contratos para energías “limpias” de particulares nacionales y extranjeros. La ley podría no sólo violar la libre competencia de los artículos 27 y 28 constitucionales —como ya sentenció la SCJN con la llamada “política Nahle” de un decreto anterior—, sino el capítulo 22 del T-MEC sobre trato no discriminatorio entre empresas. La indemnización por daños y perjuicios podrían superar 60,000 millones de dólares, calcula la Plataforma México Clima y Energía. Pero esos costos e inversiones futuras no parecen preocupar a López Obrador, como tampoco antes lo desalentó el parón de la Corte a su política eléctrica. Por el contrario, regresa en pie de lucha contra lo que llama “negocios leoninos” en electricidad de la reforma energética de 2013. Según la ASF, los contratos con empresas privadas de energía eólica, por ejemplo, suponen pérdidas para la CFE por comprarla cuatro veces arriba del precio de mercado. Pero, sobre todo, deja en claro que el “rescate” de las empresas nacionales de energía será la principal bandera electoral y las urnas, el terreno de confrontación contra los “neoporfiristas” que se oponen a sus reformas.
Dicen bien los que afirman que el Presidente no va a cambiar lo que resta del sexenio, aunque cabría acotar, mientras no pierda fuerza en las urnas o en su popularidad.
