Miembros de Los Chapitos, líderes del Cártel de Sinaloa, pagaban hasta 300 mil pesos al mes a funcionarios de seguridad pública, según la denuncia del Departamento de Justicia de EU.
Cada mes, un hombre recibía una caja. Adentro había fajos de billetes y una hoja escrita a mano. Ahí aparecía la ‘narconómina’ de Los Chapitos, una lista de nombres, cargos y pagos de entre 30 mil y 300 mil pesos mensuales para funcionarios de seguridad en Sinaloa.
Así lo establece la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otras 9 personas que fue revelada por el Departamernto de Justicia de Estados Unidos a finales de abril pasado.
Dentro de la acusación, las autoridades de Estados Unidos revelan algunos de los nombres y cargos de presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa, quienes recibían dinero a cambio de protección, información de operativos contra los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
¿Quiénes aparecen en la presunta ‘narconómina’ de Los Chapitos? ¿Qué papel desempeñaba cada integrante y por cuánto dinero?
Esto es lo que sabemos de la ‘narconómina’ de los Chapitos, de acuerdo con los documentos revelados por la Corte Federal del Distrito Sur de NY, conocida como ‘el coco de los malandros.
‘El jefe de plazas’ repartía una caja con dinero a políticos de Sinaloa, según EU
Los fiscales estadounidenses señalan que miembros de Los Chapitos habrían pagado a políticos mexicanos, así como a funcionarios y exfuncionarios de seguridad.
“El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de Los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”, explica el documento.
El Departamento de Justicia de EU detalló que las listas de supuestos pagos que figuran en el expediente fueron obtenidas en México; sin embargo, no dio más detalles sobre su origen.
Según el documento de las autoridades de Estados Unidos sobre la ‘narconímina’ de Los Chapitos, estas son algunas de las personas que habrían recibido sobornos::
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General de Sinaloa. Seis días desúés de que se dio a conocer la acusación, el funcionario solicitó licencia a su cargo sin goce de sueldo.
- Marco Antonio Almanza Áviles, el exjefe de la Policía de Investigación de la FGE.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, sucesor de Avilés.
La acusación también incluye a otros exfuncionarios de seguridad, cuyos nombres sí están escritos explícitamente en la ‘narconómina’ de Los Chapitos:
- José Antonio Dionisio, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Otros políticos involucrados en la acusación del Departamento de Justicia son el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza.
¿Cuánto dinero habrían recibido los funcionarios para proteger a Los Chapitos?
EU sostiene que “Zaavedra, denominado ‘Culiacán Regio’ en la lista, recibía de Los Chapitos un soborno de aproximadamente 200 mil pesos cada mes”.
Por dicho monto, Los Chapitos ordenaban “no realizar detenciones de miembros de esa facción del cartel” y, en su lugar, se les dio instrucciones de perseguir a sus rivales.
El documento señala además, de participar en esta acción, a:
- Marco Antonio Almanza Avilés,
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’,
- Gerardo Mérida Sánchez,
- José Antonio Dioniso Hipólito, ‘El Tornado’, y
- Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’.
“Almanza Áviles y, posteriormente, su sucesor, Contreras Núñez, en su calidad de jefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa —denominados ‘R1′ en la lista— recibían de Los Chapitos un soborno de aproximadamente 300 mil pesos», dice la acusación del Departamento de Justicia estadounidense.
Funcionarios en la ‘narconómina’ daban ‘pitazos’ a Los Chapitos
“Zaavedra, Avilés, Sánchez e Hipólito han proporcionado a Los Chapitos —a menudo a través del jefe de plaza de Culiacán— acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el ejército o la marina de laboratorios de drogas y casas de escondite donde Los Chapitos almacenan drogas, armas y dinero», dice el Departamento de Justicia.
Esto permitía que los integrantes del Cártel de Sinaloa trasladaran sus operaciones y las pruebas de su actividad delictiva para no ser encontrados y encarcelados.
“Hipólito, denominado ‘Tornado’ en la lista, recibía 100 mil pesos cada mes (…) Millán, denominado ‘Juanito’ en la lista, recibía de los Chapitos un soborno de aproximadamente 30 mil pesos”, añade.
De estos últimos, los fiscales dicen que “han permitido a miembros de Los Chapitos vender las drogas del cártel abiertamente en la calle y portar armas de fuego sin interferencias”.
En el caso de Millán, EU le suma acusaciones de ayudar a los Chapitos a secuestrar y cometer homicidio contra sus enemigos, incluidos individuos sospechosos de cooperar con el gobierno de Estados Unidos contra miembros de la facción.
México pide respeto a la soberanía, verdad y justicia
Ante los señalamientos de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá la intromisión de EU. Además, exigió a Estados Unidos respetar el debido proceso, aportar pruebas contra los señalados.
“Nunca en la historia, nunca, habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones. Nunca. ¿Qué me corresponde? La soberanía, la defensa de la soberanía. Y en segundo, la justicia. Por eso yo decía verdad, justicia y soberanía. ¿Quién tiene la verdad? En este caso, pues quien hace las investigaciones. Paso por paso. Que envíen las pruebas que tienen y, si es el caso, la Fiscalía actuará, la Fiscalía mexicana”, dijo la presidenta el 4 de mayo.
Días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) exigió las pruebas y documentos necesarios a Estados Unidos con el fin de analizarlos y determinar si proceden las detenciones que exigen las autoridades del otro lado de la frontera.
Tras el posicionamiento de la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo la solicitud de manera formal ante la dependencia correspondiente.
Con información de El Financiero
