Rubén Moreira Valdez
En los primeros días del gobierno de Felipe Calderón, estalló una violencia que no cesa. Muchos de los que culpan al expresidente por lo acontecido lo hacen desde una perspectiva ilógica: para ellos, combatir el crimen fue un error. López Obrador es el apóstol de esa hipótesis, y su propuesta de “abrazos y no balazos” encierra permisividad, indolencia, desconocimiento y empatía con los criminales.
Lo cierto es que, en aquellos tiempos, la delincuencia crecía en poder e influencia y las autoridades policiales de muchos sitios del país se vieron capturadas por las bandas del crimen. La delincuencia que antes se ocupaba de los narcóticos se extendió a otras actividades e incursionó en ámbitosde apariencia legal.
En lo general, las autoridades locales no tenían la capacidad ni la experiencia para actuar. Una buena parte de los gobernadores eran políticos sin experiencia y producto de la reciente transición democrática. Las corporaciones policiacas seguían una lógica distinta a la requerida y pronto fueron superadas por la violencia y el poder de fuego de las bandas criminales.
En el 2000, no solo se rompió la larga cadena de gobiernos del PRI, sino que también se desmantelaron las instancias de inteligencia y control del viejo régimen. La tormenta tenía sus mejores condiciones para desatar su furia, y eso fue lo que sucedió. Hoy, la situación se recrudece y merece un cambio de rumbo en las políticas públicas.
Para entender el fenómeno que vivimos, hay que partir de dos condicionantes: 1. La enorme demanda de narcóticos de la sociedad norteamericana y su capacidad para adquirirlos, y 2. Las armas que ingresan al país y que se producen y venden sin control en esa nación.
Sin estas dos circunstancias, el fenómeno delictivo sería distinto y seguramente menos violento. El flujo de dinero proporciona capacidades increíbles a los criminales y las armas, un poder de fuego que es difícil, aún hoy, enfrentar. Hay que recordar que el sueldo promedio de un policía municipal ronda los 9 mil pesos y que los fondos de seguridad se han disminuido durante los gobiernos de Morena.
¿La paz se puede lograr? La respuesta es sí, y la ruta no es difícil de diseñar. La operación de la estrategia sí tiene tareas arduas y, en ocasiones, dolorosas. La autoridad debe enfrentar a un adversario que no respeta ningún tipo de reglas y, por lo general, el servidor público va a lidiar con la complejidad de fenómenos colaterales al tema criminal, entre los que se destacan la incomprensión, el oportunismo de algunos personajes y la voracidad de los adversarios políticos.
Hace unos días, el INEGI difundió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y, entre las seis ciudades más seguras, destacan Piedras Negras, Saltillo y Torreón. Las tres eran violentas e inseguras en 2011 y hoy son ejemplo de paz. La manera de tener éxito es actuar, y eso en particular corresponde a los gobernadores.
