Dr. Raúl Ramos López, MD, FACS, FASCRS (Ret)
El 3 de junio de 1996, un decreto presidencial creó en México una institución sin precedente en América Latina: la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. Su mandato era claro y urgente: ofrecer una vía alternativa a la judicialización de los conflictos entre pacientes y médicos, mediante mecanismos voluntarios, gratuitos y accesibles de conciliación y arbitraje.
Treinta años han pasado. Vale la pena hacer un balance honesto.
El logro
La CONAMED ha procesado cerca de 400,000 inconformidades. Opera hoy en 29 estados de la República. Es Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en calidad y seguridad del paciente desde 2011, distinción que se renueva cada cuatro años. En la ceremonia del 25 de mayo pasado, el secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que la institución no sólo resuelve conflictos, sino que permite aprender de cada caso para fortalecer medidas preventivas.
No es un elogio menor. En un país donde la respuesta habitual ante el error médico ha sido la persecución penal del individuo, la CONAMED representó desde su origen una apuesta por la racionalidad: que los conflictos sanitarios se resuelven mejor con diálogo y pericia técnica que con fiscales y cárceles.
La deuda
Sin embargo, a tres décadas de distancia, esa apuesta sigue siendo incompleta. La CONAMED es voluntaria. Ningún paciente, ningún médico, ninguna institución está obligado a recurrir a ella. El sistema penal permanece como opción siempre disponible, con toda su fuerza coercitiva, su lógica de culpables y su ignorancia constitutiva de los sistemas de salud.
El resultado es paradójico: México tiene una institución de arbitraje médico de clase mundial, pero no tiene una legislación que la respalde como vía preferente. El médico que comete un error por falla sistémica puede terminar en el banquillo de los acusados, no en una mesa de conciliación.
Lo que la evidencia internacional dice
En 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó el informe que cambió la conversación global sobre seguridad del paciente: «To Err is Human». Su conclusión central fue que los errores médicos son, en su gran mayoría, consecuencia de fallas sistémicas, no de médicos negligentes o maliciosos. La solución, por tanto, no es castigar individuos: es rediseñar sistemas.
Esta tesis fue confirmada por décadas de investigación posterior. Un estudio del British Medical Journal publicado en 2025 demostró que el 89 por ciento de las oportunidades de mejora en hospitales corresponden a omisiones —lo que no se hizo, lo que no se documentó, lo que no se comunicó— y no a actos de comisión. Las omisiones no se corrigen con sentencias penales. Se corrigen con protocolos, formación y una cultura que permita reportar sin temor al castigo.
La criminalización del error médico produce exactamente el efecto contrario al deseado: los médicos dejan de reportar eventos adversos, las instituciones los ocultan, y el sistema pierde la capacidad de aprender. La medicina defensiva se expande. El paciente termina recibiendo menos, no más, atención de calidad.
La reforma necesaria
España, Francia, Canadá, Australia, los países nórdicos: en las últimas dos décadas, las legislaciones sanitarias más avanzadas del mundo han transitado hacia un modelo donde la vía civil —restitución del daño, compensación justa, análisis de causa raíz— es la respuesta natural ante el evento adverso médico. La vía penal queda reservada para lo que siempre debió reservarse: el dolo, la premeditación, el abandono flagrante del deber de cuidado.
México necesita ese tránsito. No como un favor al gremio médico, sino como una decisión de política pública basada en evidencia. Una reforma que establezca la vía civil como camino preferente no protege a los malos médicos: los expone con mayor eficiencia, a través de procesos más técnicos y menos vengativos. Pero protege al sistema de salud en su conjunto, que hoy opera bajo la sombra permanente del proceso penal.
Un aniversario que obliga
Los 30 años de la CONAMED son una ocasión para el reconocimiento, pero también para la exigencia. La institución demostró que el camino alternativo es posible y eficaz. Lo que falta es que el Congreso de la Unión tome nota de esa evidencia y le dé a la vía extrajudicial el respaldo normativo que merece.
Treinta años es tiempo suficiente para aprender la lección. La pregunta es si el sistema legislativo mexicano tiene la voluntad de escucharla.
