La operación de escuelas privadas sin registro oficial se ha extendido desde niveles básicos hasta superiores
El Congreso de la Ciudad de México discute una iniciativa que busca obligar a todas las “escuelas patito” a informar de manera clara y visible en su publicidad y documentos oficiales que no cuentan con validez oficial. La propuesta, presentada por la diputada del PAN, Claudia Montes de Oca del Olmo, plantea reformar el Artículo 82 de la Ley de Educación local para cerrar vacíos legales que permiten la operación de instituciones educativas sin el respaldo formal requerido.
La iniciativa fue turnada para análisis a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, donde será dictaminada antes de llegar al pleno. La legislación actual señala que particulares pueden ofrecer servicios educativos en la capital, siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). No obstante, la operación de escuelas privadas sin este registro se ha extendido desde niveles básicos hasta superiores.
Publicidad y documentos deberán advertir la falta de validez oficial
La reforma propuesta busca que las instituciones educativas sin RVOE incluyan en toda su publicidad, propaganda y documentos una advertencia expresa sobre la ausencia de reconocimiento oficial. Esta medida aplicará para constancias de inscripción, medios digitales, páginas web, plataformas electrónicas y cualquier información institucional que difundan.
El objetivo central es evitar que familias y estudiantes sean inducidos a error sobre la validez legal de los estudios ofrecidos. Muchas de estas escuelas se promocionan en redes sociales y medios digitales, donde usan estrategias para captar alumnos sin informar claramente la situación jurídica de sus planes y certificados.
La iniciativa también señala que estos planteles suelen cobrar por sus servicios a través de transferencias electrónicas o pagos en efectivo, omitiendo comprobantes fiscales o contratos formales, lo que expone a los usuarios a riesgos legales y económicos.
La propuesta define que, antes de cualquier inscripción o reinscripción, las escuelas sin RVOE deberán entregar a madres, padres, tutores o alumnos adultos una constancia de recibido. Este documento deberá contener la identificación del programa educativo, la declaración explícita de que carece de reconocimiento oficial, la fecha y la firma autógrafa o electrónica de quien recibe la información.
Protección del derecho a la educación y transparencia
La diputada Claudia Montes de Oca argumentó durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX que informar de modo claro, visible y comprensible sobre la falta de validez oficial es indispensable para proteger el derecho a la educación. La transparencia permitirá que quienes contraten estos servicios lo hagan con pleno conocimiento de la situación, evitando que niñas, niños, adolescentes y adultos cursen estudios cuya situación legal pueda afectar después su acceso a grados superiores, su incorporación al mercado laboral o el ejercicio profesional.
El fenómeno de las escuelas patito ha crecido en los últimos años. Estas instituciones ofrecen títulos, certificados o documentos académicos sin el respaldo oficial, lo que genera la percepción errónea de contar con aval legal. La iniciativa destaca que la legislación vigente exige una obligación informativa mínima, pero la realidad demuestra que el simple acto de “mencionarlo” resulta insuficiente. Por ello, la reforma propone que la advertencia sea visible en toda la documentación y comunicación de estos planteles.
La discusión en el Congreso de la Ciudad de México busca establecer un marco más estricto para evitar abusos y proteger a quienes buscan acceder a la educación privada. El fortalecimiento del Artículo 82 de la Ley de Educación representa un paso para garantizar información efectiva y mitigar la proliferación de servicios educativos sin reconocimiento oficial.
Información de Infobae
