La revisión del T-MEC, según instituciones financieras, se llevará a cabo en un escenario de negociaciones prolongadas: una zona gris que, pese a todo, sigue favoreciendo a México.
El 1 de julio se instaló en el imaginario público como una fecha de cierre. No lo fue. Ese día, los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá programaron una reunión virtual para activar el mecanismo de revisión que el propio tratado fija en su artículo 34.7, seis años después de su entrada en vigor.
Marcelo Ebrard ha sido enfático: ese día no concluye nada, en todo caso, se establecerá la hoja de ruta de la revisión del T-MEC.
La distinción no es semántica. La cláusula contempla tres caminos. Si las tres partes confirman en esa fecha su deseo de prorrogar, el T-MEC se extiende automáticamente 16 años, hasta 2042. Si no hay consenso, el acuerdo no se cae: entra en un ciclo de revisiones anuales que puede prolongarse hasta 2036, año en que expiraría la vigencia original, con la posibilidad de acordar su extensión en cualquier momento.
La tercera vía –que alguna de las partes se retire anunciándolo con seis meses de anticipación– sigue siendo la menos plausible por su elevado costo económico y geopolítico.
México y Canadá ya hicieron su parte: durante junio enviaron las cartas en las que manifiestan su interés en extender el acuerdo. Estados Unidos, hasta el momento de escribir este texto, no ha comunicado nada en público. Resultaría difícil, casi un contrasentido, que Washington firmara sin más una prórroga de 16 años cuando su negociador ha dicho lo contrario de manera reiterada.
Jamieson Greer, el negociador estadounidense, ha sido consistente. Anticipó que no renovarían el tratado de golpe el 1 de julio, sino que entrarían en negociaciones separadas. En el Instituto Hudson advirtió que Estados Unidos podría incluso tener que dar pasos para salir del acuerdo con tal de mantener abiertas las conversaciones, y que serán necesarios protocolos estadounidenses distintos para México y para Canadá. Meses atrás había sido más directo: no tiene sentido discutir una extensión cuando, a su juicio, un socio no cumple. Pero hasta ahora esas declaraciones no coinciden con los hechos pues la negociación sigue.
La estrategia de Greer, según fuentes cercanas al proceso, apunta a obtener cambios sin pasar por el Congreso, plasmados en cartas paralelas o protocolos complementarios, lo que la negociadora canadiense Janice Charette describió como piezas bilaterales “tipo Lego”.
En la negociación, Estados Unidos presiona por elevar a 50 por ciento el contenido estadounidense en los vehículos fabricados en la región –exigencia que México y Canadá rechazan– y arrastra irritantes en acero, aluminio y automóviles. Para una administración que ha hecho del déficit comercial y del contenido nacional su bandera, aceptar la extensión limpia equivaldría a renunciar a la palanca que la propia revisión le otorga. El escenario lógico, por tanto, no es el cierre: es seguir negociando.
La lectura del mercado va en esa dirección. Banamex fijó como escenario central las revisiones anuales que preservarían el marco vigente pero mantendrían la incertidumbre, y advirtió que el proceso podría estirarse hasta la campaña presidencial estadounidense de 2028, condicionado por las elecciones legislativas de noviembre próximo. Banorte asigna una probabilidad ligeramente mayor a una fase de transición vía revisiones anuales que eventualmente derive en extensión. S&P Global Ratings coincide pues ubica como más probable que las negociaciones no se resuelvan pronto y obliguen a revisar el tratado cada año. Barclays habla de un “acuerdo revisado” antes que de un colapso; Deutsche Bank y HR Ratings se inscriben en la misma franja. Hasta el exsubsecretario Juan Carlos Baker recuerda que el mecanismo admite hasta diez revisiones anuales sucesivas rumbo a 2036.
En suma: un bloque de instituciones financieras no anticipa ruptura, pero tampoco certidumbre. Ni blanco ni negro, anticipa gris. A ello se suma una señal reportada por Bloomberg con base en fuentes cercanas al proceso: a estas alturas no hay todavía propuestas formales sobre la mesa ni una hoja de ruta clara sobre qué se busca mejorar, lo que refuerza la idea de que el plazo del 1 de julio se dejará pasar.
Sobre esta realidad, hay una reflexión que conviene poner sobre la mesa. La fecha del 1 de julio apareció frecuentemente como un punto de definición. Pero si el desenlace es el de las revisiones anuales –el más probable–, lo que tendremos no será una definición, sino su aplazamiento. El mecanismo diseñado para dar certeza se convierte, paradójicamente, en una fuente institucionalizada de incertidumbre. El CSIS lo describe con precisión: operar bajo una nube de incertidumbre sostenida que desalienta las apuestas de inversión de largo plazo en Norteamérica, no solo en México, lo que eventualmente puede ser una fuente de presión para el propio gobierno de Estados Unidos.
Y el costo ya es visible, no hipotético. La variación anual de la formación bruta de capital fijo en México tiene cifras negativas desde 2024. El problema es que la sola incertidumbre del T-MEC congela decisiones. Las empresas planifican a diez o quince años; la ambigüedad las obliga a poner en pausa expansiones y contrataciones. No hace falta que el tratado se rompa para que la inversión lo resienta; basta con que el horizonte permanezca borroso.
Conviene, sin embargo, no caer en el catastrofismo. México conserva una ventaja relativa que no es menor: enfrenta un arancel efectivo promedio cercano a 3.6 por ciento para ingresar al mercado estadounidense, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, frente a alrededor de 29 por ciento que paga China y a niveles superiores de otros competidores. El T-MEC ha funcionado como un escudo que no aísla del todo pero confiere ventaja competitiva. La propuesta manufacturera mexicana sigue siendo diferenciada.
El problema es que la ventaja está tamizada por la incertidumbre.
La tercera ronda de la semana del 20 de julio, en la Ciudad de México, entrará en textos y contenidos detallados y puntos bilaterales aún pendientes. Será el verdadero termómetro.
La definición del 1 de julio de seguir negociando no elimina la incertidumbre pero permite administrarla. Pero, mientras, la inversión en México seguirá pagando, en silencio, el costo de un horizonte que se niega a despejarse.
La tarea del país no es esperar un gran anuncio que probablemente no llegará, sino acortar la duración de la zona gris y blindar lo que ya tiene: reglas que, pese a todo, siguen siendo mejores que las de casi cualquier otro socio comercial de Estados Unidos.
