De acuerdo con las investigaciones, Carlos Páez Pereda es el encargado de dirigir una red de fabricación de narcóticos para la facción de Los Mayos y de brindarles apoyo en su conflicto con Los Chapitos
Por Staff/ Latinus
La Prensa
Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos”, identificado como líder del grupo criminal “Los Rugrats”, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue acusado formalmente en Estados Unidos por “narcoterrorismo” y otros delitos relacionados con el tráfico de dr*gas, informó este jueves el Departamento de Justicia.
Esta acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California y se le señala por presuntamente apoyar el «terrorismo en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos”.
De acuerdo con las investigaciones, “Carlitos” es el encargado de dirigir una red de fabricación y distribución de narcóticos para la facción de Los Mayos; también se le acusa de gestionar parte del transporte de drogas desde Sinaloa hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, teniendo como destino final los Estados Unidos.
“Páez refuerza las operaciones del Cártel de Sinaloa en Sinaloa y Tijuana mediante asesinatos, secuestros y otros actos violentos, utilizando un grupo de hombres armados”, detalla el documento.
Las autoridades estadounidenses indican que “Carlitos” presuntamente con armas y dinero ha brindado apoyo a Los Mayos en su conflicto con la facción de Los Chapitos, la cual comenzó en 2024 tras el traslado y detención de Ismael Zambada en Texas.
“Durante años, Pereda presuntamente alimentó la crisis de las drogas traficando estupefacientes a Estados Unidos, utilizando la violencia, la intimidación y el miedo para proteger su organización criminal”, declaró el agente especial a cargo de la DEA, James Nunnallee.
En septiembre del año pasado, Páez Pereda fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, junto con la exalcaldesa morenista de Rosarito, Hilda Araceli Brown.
Según la acusación, Páez Pereda enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de 20 millones de dólares.
