La Embajada de Ucrania en México rechazó la validez legal de una supuesta condena de 14 años de prisión dictada in absentia contra un ciudadano mexicano por tribunales en zonas ocupadas de Donetsk.
Según informes, un tribunal en Donetsk declaró culpable a Gilberto Ramos Arreguín, de 29 años, de ser un mercenario extranjero que participó en el conflicto al lado del ejército de Ucrania desde marzo del 2022 hasta marzo del 2026.
En un comunicado, la misión diplomática reiteró que la denominada «República Popular de Donetsk» no es un Estado, sino una «organización terrorista» y una estructura títere financiada por la Federación de Rusia para su guerra de agresión. Ante ello, afirmó que bajo el derecho internacional, estos órganos carecen de soberanía y sus «sentencias» no tienen fuerza ni validez legal alguna, razón por la cual ningún país del mundo reconoce a estas entidades.
Asimismo, la misión diplomática Ucrania subrayó que, como Estado soberano y miembro fundador de la ONU, reconoce a los voluntarios extranjeros incorporados oficialmente a sus Fuerzas Armadas como defensores legítimos de la soberanía nacional, quienes cuentan con el respaldo y la protección total del Estado ucraniano.
“Resulta profundamente cínico que el régimen del Kremlin intente tildar de «mercenarios» a militares legítimos cuando es la propia Rusia la que utiliza activamente a decenas de miles de verdaderos mercenarios extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central para sostener una guerra de agresión e invasión en territorio ajeno”, expresó en la misiva.
Enfatizó que quienes cometan crímenes en su suelo serán juzgados ante la Corte Penal Internacional (CPI) u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tienen carácter vinculante y fuerza ejecutoria global, a diferencia de los «tribunales fantasmas» de las repúblicas ficticias.
Por último, reiteró su llamado a la prensa mexicana a no replicar desinformación rusa diseñada para erosionar la relación de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.
Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no se ha pronunciado sobre el caso.
Por El Economista
