El Departamento de Justicia ordena comparecer a cuatro periodistas que informaron sobre el rechazo del Servicio Secreto al avión presidencial donado por Qatar
Por Staff/Latinus
La Presa
EU.- Los cuatro periodistas de The New York Times que informaron sobre las supuestas preocupaciones de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar, fueron citados a declarar ante un jurado federal la próxima semana, según informó este sábado el rotativo neoyorquino.
El Departamento de Justicia de EU ha citado a declarar a los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt en medio de una investigación sobre quién filtró la información sobre las supuestas preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto por el nuevo avión.
Tras la cumbre de la OTAN, el presidente de EU, Donald Trump, optó el miércoles pasado por abandonar Turquía a bordo de la antigua aeronave Boeing que servía como Air Force One, con destino a una base militar en el Reino Unido, donde posteriormente se subió al nuevo avión.
Los periodistas del rotativo neoyorquino fueron los primeros en informar sobre las inquietudes con respecto al nuevo avión presidencial, lo que enojó al mandatario estadounidense, según reportó CNN.
Trump justificó el cambio de avión como un acto de «nostalgia».
El mes pasado, el presidente retiró el Boeing 747-200B que había sido utilizado por los presidentes estadounidenses desde la década de 1990 y comenzó a emplear un avión donado el año pasado por la familia real qatarí.
La aeronave ha generado controversia en Washington, debido al elevado costo de su adaptación a los estándares de seguridad presidenciales, así como por dudas sobre su fiabilidad y posibles conflictos de interés derivados del vínculo con Qatar.
El periódico neoyorquino dijo que impugnará la orden judicial, que calificó como una amenaza directa a la capacidad de los medios de comunicación para recopilar información de interés público.
David McCraw, el abogado principal de la redacción de The New York Times, además, condenó que los periodistas fueran notificados en sus residencias.
«Este acto descarado no debe verse más que como un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no realicen su trabajo», subrayó en un comunicado el abogado.
