- El diputado del PRI pidió exhortar a la Secretaría de Seguridad, para que en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas, fortalezca las estrategias de prevención, atención y combate al delito.
- Refirió que durante 2025 se registraron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta de la última década.
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó la reforma propuesta por el diputado federal Rubén Moreira Valdez para combatir la extorsión, delito que asfixia a familias, comerciantes, productores y empresarios, al tiempo que debilita la economía, inhibe la inversión y vulnera el Estado de derecho.
En el Punto de Acuerdo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI pidió exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas, fortalezca las estrategias de prevención, atención y combate al delito de extorsión, particularmente en aquellas regiones del país que registran mayores índices de incidencia de este ilícito.
Además, aprobaron el planteamiento de Rubén Moreira para llamar a las fiscalías generales de todo el país a mejorar las capacidades de investigación y persecución penal del delito de extorsión.
Moreira Valdez recordó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por extorsión pasaron de 8 mil 734 casos en 2019 a 10 mil 227 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 17 por ciento. Asimismo, durante 2025 se registraron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta de la última década.
Indicó que las cifras oficiales reflejan sólo una parte del problema, ya que la extorsión se encuentra entre los delitos con mayores niveles de cifra negra debido al temor de las víctimas a sufrir represalias, la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de impunidad.
En cuanto al impacto económico, el ex gobernador de Coahuila refirió que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, elaborada por el INEGI, evidencian a la inseguridad y la delincuencia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país, generando costos directos e indirectos en pérdidas, gastos en protección y afectaciones a la operación de los negocios.
“Es necesario fortalecer la coordinación intergubernamental para combatir eficazmente este delito, consolidar mecanismos de prevención, denuncia, investigación y persecución penal, y fortalecer los esquemas de protección a víctimas y testigos”, agregó el líder priista.
Subrayó que la lucha contra la extorsión requiere una política pública integral que atienda las causas estructurales de la violencia, fortalezca la presencia institucional en las regiones más afectadas y garantice a la ciudadanía condiciones efectivas de seguridad para trabajar, emprender y desarrollar sus actividades económicas.
