De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, en el último conteo se sumaron 101 fallecimientos por el siniestro del 24 de junio
Por Staff/Latinus
La Prensa
VENEZUELA.- La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este jueves a 4 mil 930, tras sumarse 101 nuevos fallecidos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así mismo, el reporte indicó que las autoridades han atendido a 128 mil 324 familias, mientras que hay 21 mil 210 personas en 107 campamentos transitorios.
En la actualización del informe se indica que hay 856 edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron.
Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado mil 308 réplicas. La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3.9 a diez kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.
Esa réplica del pasado viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.
El gobierno informó el pasado fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que pueden ser 25 mil .
Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado encargada entregará las primeras doscientas viviendas esta semana.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria —que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final… busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector inicie un «proceso agresivo» de construcción de viviendas.
