Por Pascal Beltrán del Río
La Corte ante el Presidente
La Suprema Corte de Justicia tendrá 20 días naturales –lapso que vence el 5 de octubre– para determinar si la consulta popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador para que la ciudadanía decida si se investiga y, eventualmente, se procesa a cinco expresidentes de la República es constitucional o no.
No ha habido, en este periodo de gobierno, un asunto de mayor trascendencia que vincule a la Suprema Corte con la Presidencia.
Es verdad que la primera ya tuvo que resolver sobre el futuro político de uno de los principales aliados de López Obrador: el gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, quien pretendía ampliar el mandato por el que había sido electo. También lo es que el máximo tribunal se encuentra revisando amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales relacionadas con legislaciones que ha impulsado el Ejecutivo.
Sin embargo, qué hacer con los expresidentes ha sido un tema al que López Obrador ha dedicado buena parte de sus opiniones públicas desde los tiempos de la campaña electoral.
Quizá no se recuerde, pero quien originó la discusión sobre procesar a los expresidentes fue uno de sus contrincantes, Ricardo Anaya. El 8 de marzo de 2018, el candidato panista se reunió con desarrolladores inmobiliarios y ante ellos lanzó la idea de meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En el marco de la investigación que realizaba la entonces PGR en su contra –por presunto lavado de dinero en la venta de una nave industrial–, Anaya se fue contra el Presidente en funciones y también contra su antecesor.
“El que la haya hecho, la tiene que pagar”, afirmó Anaya. Ni perdón ni olvido, sean del partido que sean. Este principio aplica a todos sin distingo, sin importar la jerarquía del cargo público”.
La declaración motivó que López Obrador acusara de demagogo a su rival. Al día siguiente, desde Colima, el tabasqueño retó a Anaya a explicar cómo metería a la cárcel a Peña Nieto y Calderón.
“Quiere sacar raja con lo de los expresidentes. Pero es una cosa risible. No se puede atropellar la legalidad. Que explique qué tipo de denuncias, qué delitos, en qué instancias. Yo quisiera que explicara cómo va a meter a la cárcel a Peña, de qué lo acusa, si es por corrupción, en dónde lo va a acusar y qué procede. Que de una vez vaya a la Procuraduría o a donde corresponda y presente la denuncia”. Y agregó: “¿Cuál es el delito por el que va a perseguir a Calderón? Y ya que se siga de una vez con Fox, Zedillo y Salinas”.
Hasta entonces, López Obrador se había manifestado por cerrar el capítulo del pasado. Hablaba de “perdón, no olvido” y de “buscar la reconciliación” y no aplicar la persecución.
Sin embargo, el planteamiento de Anaya hizo que su idea de reconciliación fuese confrontada. El 25 de marzo de 2018, en Guadalajara, al reunirse con víctimas de la violencia, negó que estuviera fomentando la impunidad. Eso lo llevó luego a decir que, de ganar las elecciones, convocaría a una consulta para que la gente decidiera cómo resolver el tema del pasado, aunque siempre dejó claro –lo sigue diciendo hoy– que él no está de acuerdo en someter a juicio a los expresidentes, porque “lo más importante es evitar la corrupción del futuro”.
Eso es lo que la Corte tiene en las manos: pronunciarse sobre una de las definiciones políticas más importantes para el hoy Presidente. Tan es así que el propio López Obrador firmó la convocatoria a la consulta, inseguro sobre si los grupos morenistas y sus aliados alcanzarían a reunir las firmas para hacer una petición ciudadana.
Quiere evitar que en el futuro se diga que su inacción propició la impunidad de sus antecesores o que su acción fue motivada por la venganza.
Ayer, en su conferencia mañanera, López Obrador mandó decir a los ministros que su deseo de que se haga la consulta está por encima de la constitucionalidad de la convocatoria.
“A lo mejor los ministros no han visto la encuesta”, dijo, en referencia a un sondeo que muestra el gran apoyo que tiene un juicio a los expresidentes, “empezando por Salinas”.
