CUESTIONAN TESTIMONIO DE TESTIGO PROTEGIDO
El exmarino permanecerá en prisión preventiva mientras su abogado prepara un amparo y cuestiona las pruebas que sustentaron la decisión judicial
Latinus
La Prensa
Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol” o “NK”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
La jueza de control determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso contra el exmarino por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Además, ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció seis meses para concluir la investigación complementaria, plazo que vencerá el 8 de abril de 2027.
Ante esta resolución, el abogado Paulo Rivas anunció que promoverá un amparo para impugnar la vinculación a proceso y cuestionar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). El litigante señaló que uno de los principales argumentos de la impugnación será la declaración del testigo protegido identificado como “Santo”, cuyos señalamientos forman parte de las investigaciones contra Solano Ruiz. Según Rivas, el testigo no habría tenido contacto directo con la persona identificada como “NK”, por lo que sus acusaciones contra el exmarino procederían de referencias proporcionadas por terceros.
La defensa también cuestionó las supuestas comunicaciones atribuidas al testigo mediante la aplicación Threema, pues aseguró que no encontró registros de ellas en la carpeta de investigación. Otro elemento controvertido es un video publicado en YouTube el 10 de mayo de 2025, en el que, de acuerdo con el abogado, ya se mencionaba a “Santo” antes de que compareciera formalmente ante las autoridades bajo esa identidad. Rivas sostuvo que otras declaraciones incorporadas al expediente tampoco demostrarían que los declarantes observaron directamente a Solano Ruiz participar en las operaciones ilícitas.
La defensa prevé presentar pruebas periciales privadas y proponer nuevas líneas de investigación para precisar la presunta intervención de su cliente. También analiza impugnar la medida cautelar.
El caso forma parte de una investigación sobre una presunta red dedicada al ingreso irregular de combustibles al país. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Publicado por Rocío Ledezma
