Rubén Moreira
Una nota que circuló en diarios y noticieros señala que más de 30 por ciento del territorio del país se encuentra en manos del crimen organizado y que solo en 23 por ciento hay control por parte del Estado. Esa información es correcta y la conocen millones de mexicanos que padecen la inseguridad.
Los nombres de las entidades no constituyen una sorpresa: son los de aquellas que ocupan, un día sí y otro también, las primeras planas de los diarios. Colima, Sinaloa, Michoacán, Hidalgo y Guerrero son algunas de ellas, y su situación, lejos de mejorar, se agudiza.
De acuerdo con el análisis, en las entidades con mayores dificultades hay extorsión, retenes ilegales y control o influencia sobre las autoridades locales, así como sobre las operaciones comerciales. En estos lugares se paga por vivir y trabajar; por lo tanto, las “cuotas” se convierten en una condición para evitar los homicidios y los robos. Es evidente que, en esos lugares, existe una autoridad que somete al gobierno, extrae la riqueza del territorio y no solo lo utiliza para el cultivo o el trasiego de drogas.
La ausencia del Estado ha provocado que las grandes bandas criminales diversifiquen sus actividades y obtengan cuantiosas cantidades de dinero de fuentes distintas a las drogas. Esta realidad contradice aquellas hipótesis según las cuales el prohibicionismo y la demanda extranjera eran los únicos causantes de los problemas que vivimos. Hay municipios donde, por la omisión de los gobernadores, los ingresos del crimen provienen principalmente del robo de combustible. Es el caso de Tepeapulco, Santiago Tulantepec y Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo.
Por cierto, los indicadores en ese rubro en la entidad gobernada por el morenista Julio Menchaca son alarmantes y reflejan no solo un descuido en el combate a ese delito, sino algo más profundo: la entrega, por omisiones imperdonables, de esas zonas a las bandas delictivas, así como la zozobra de miles de personas que viven en ellas. Un diputado de Morena me confesó: «Nos ordenan callar y, por ello, no decimos nada». Sin embargo, por las noches es imposible circular por las carreteras y los caminos de Cuautepec ante el riesgo de ser detenido por los huachicoleros.
Hidalgo es líder en el robo de combustible y las cosas empeoran. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1,467 tomas clandestinas, lo que representa un incremento de 17.64 % frente al mismo periodo del año anterior. El estado gobernado por Morena concentra 29.8 % del total nacional. La cifra es alarmante si consideramos que las pérdidas nacionales por sustracción de combustibles ascienden a 12,992 millones de pesos en solo seis meses.
Hay que recordar que la extensión territorial de Cuautepec de Hinojosa es de apenas 390 kilómetros cuadrados y que su población es de 60 mil habitantes. Es increíble que un gobierno estatal no pueda impedir el crimen en una superficie tan pequeña ni garantizar la paz de sus habitantes. Las hipótesis sobre por qué esto no sucede pueden llevarnos a terrenos delicados, pero siempre relacionados con el gobierno local, tanto municipal como estatal.
México se encuentra en medio de una tremenda crisis de seguridad, y esto se comprueba al recorrer el país y observar los enormes territorios en manos del crimen. Varios de los gobernadores de Morena son expertos en perseguir a los opositores y dejar actuar a los criminales.
Publicado por Iris Camila Beltran
