PIDE REVISAR CUALQUIER SEÑALAMIENTO
Respaldó la realización de las auditorías necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo
Claudia Guerrero y Mayumi Suzuki
La Prensa
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y respaldó la realización de auditorías para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en contrataciones de materiales y servicios electorales.
La mandataria señaló que la autonomía del organismo no significa que sus decisiones administrativas deban quedar fuera de la vigilancia pública. Por ello, consideró necesario revisar cualquier señalamiento mediante los procedimientos correspondientes y determinar, con base en pruebas, si existen responsabilidades.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, expresó al ser cuestionada sobre las investigaciones relacionadas con empresas proveedoras y personas cercanas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Sheinbaum sostuvo que cuidar al instituto implica garantizar su funcionamiento y su credibilidad, pero también exigir transparencia en el manejo de recursos. Insistió en que la defensa de una institución pública no debe confundirse con la protección de intereses particulares ni convertirse en un argumento para impedir revisiones.
En ese contexto, criticó las movilizaciones realizadas durante el sexenio anterior bajo la consigna “El INE no se toca”. A juicio de la presidenta, algunas de aquellas expresiones respondían a intereses propios, aunque subrayó que la responsabilidad de preservar al organismo electoral corresponde a toda la sociedad.
“Entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, manifestó, antes de reiterar que las auditorías deben efectuarse donde sean necesarias, sin excepciones y con independencia de quiénes estén involucrados.
Las declaraciones surgieron después de que el diario REFORMA publicara información sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionada con siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales. Las compañías estarían vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos negocios son objeto de indagatorias por posibles irregularidades financieras y en sus operaciones comerciales.
Entre las firmas mencionadas se encuentran Corporativo ZEG y Cajas Graf, dedicadas al suministro de materiales utilizados en procesos electorales. Los reportes también señalaron vínculos de personas relacionadas con esas empresas con antiguos colaboradores del instituto, entre ellos Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García González.
Ambos nombres fueron asociados en las publicaciones con el entorno de trabajo de la presidencia del INE, circunstancia que motivó nuevas preguntas sobre la supervisión de los contratos y los posibles conflictos de interés. Sin embargo, los señalamientos periodísticos y la existencia de una investigación no equivalen por sí mismos a una determinación de culpabilidad.
Otro punto de la controversia es la cercanía personal que, según las revelaciones, mantiene Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con las compañías bajo revisión. Esa relación ha provocado cuestionamientos de actores políticos sobre la imparcialidad de las adjudicaciones y la necesidad de aclarar cómo se tomaron las decisiones de contratación.
Frente a las acusaciones, la consejera presidenta negó que existan proveedores favorecidos por su administración. También anunció que solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y pondrá la documentación pertinente a disposición del Órgano Interno de Control para que se examinen los procedimientos.
Taddei defendió que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante investigaciones formales y rechazó separarse temporalmente de su cargo. Su postura contrasta con las solicitudes de representantes partidistas que consideran conveniente su retiro mientras se esclarecen los hechos.
Sheinbaum, por su parte, evitó presentar las acusaciones como hechos comprobados y centró su mensaje en la obligación de investigar. Recalcó que la fiscalización debe alcanzar a todas las instituciones del país, incluido el árbitro electoral, para disipar dudas y proteger la confianza pública.
Publicado por Rocío Ledezma
