Por JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
El escándalo de la ASF y órganos autónomos
La confianza en las instituciones autónomas ha sufrido un serio revés con el escándalo del informe de la cuenta pública 2019 de la ASF sobre el primer año de la 4T, en el que todos los reflectores estaban puestos en el manejo de recursos públicos de los grandes proyectos y obras del sexenio. Las inconsistencias y errores en la opinión de los auditores respecto a la estimación de costos de la cancelación del NAIM, lejos de probar dilapidación y corrupción, abonan a las críticas del Presidente contra esos contrapesos. Si su función es certificar confiabilidad, el resultado es desconfianza. El auditor está llamado a renunciar por el daño a la credibilidad de la institución, pero la nota es que no lo haya hecho antes de ser removido porque su defensa no hace más que profundizar las dudas sobre su independencia.
La dimisión parece cantada, pero el único que no escucha es el auditor, quien, paradójicamente, debe su nombre, etimológicamente, al verbo “oír”. Al contrario, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, hace oídos sordos a la gravedad de las fallas que el mismo ha reconocido públicamente y que no se habían registrado antes. Su extraño comportamiento no sólo afecta la credibilidad de la ASF, también vuelve a poner en el centro de la discusión la independencia de los órganos autónomos como contrapesos al gobierno, descalificados por el Presidente como inútiles, caros y una simulación desde que inició su administración. Fue, precisamente, López Obrador quien puso el cascabel al gato al acusar a la ASF de conducirse con “intencionalidad política” y pedir que se investigue la “politiquería” en el informe que concluía un sobregasto de 75% en la cancelación del NAIM en Texcoco.
El gran perdedor es la fiabilidad de la transparencia y rendición de cuentas que, en el mejor de los casos, queda en entredicho por un problema de “metodología”, como ha aducido el auditor para justificar incompetencia; y, en el peor, bajo la sospecha de “mano negra” de la oposición para perjudicar la imagen del gobierno desde un órgano adscrito a la Cámara de Diputados. La polémica no ha hecho más que agudizar la confusión sobre su actuación, que ha sido una pieza clave contra la corrupción en asuntos tan delicados como el rescate bancario, el Pemexgate y los casos de corrupción de varios gobernadores en el sexenio pasado.
Más allá de las causas de los errores del informe, el problema es que el escándalo amenaza con desbordar la discusión sobre el funcionamiento de los órganos autónomos y la forma como rinden cuentas. ¿Quién audita al auditor y cuáles son los criterios para definir las metodologías y tipos de auditorías para fiscalizar el uso de recursos del gobierno? De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la ASF es supervisada por el Congreso que, al mismo tiempo, elige a su titular. Colmenares fue designado por ocho años en la anterior legislatura, en la que el PRI tenía la mayoría y contó también con el apoyo, entonces en minoría, de Morena, pero la polémica evidencia que su trabajo no está a salvo de los equilibrios políticos.
Hay que recordar que el Presidente anunció una iniciativa para desaparecer órganos autónomos, como el Inai o el IFT, y pasar sus funciones al gobierno y desmontar, así, el entramado de contrapesos que limitan el poder del Ejecutivo. La defensa de Colmenares de su cargo juega en contra de la credibilidad de éstos y de su autonomía, aunque puede ser removido por mayoría calificada del Congreso. Las incógnitas ahora apuntan a la ruta que tomara la Cámara tras reunirse con Colmenares, luego que el Presidente les pidiera investigar al auditor. Las críticas desde el gobierno y la oposición no han dejado de crecer.
pero algunos legisladores reclaman al Presidente un “linchamiento mediático” de la ASF. Nada sería más perjudicial para los autónomos que eso se tradujera en apoyo al auditor y dejar la idea de que cuenta con soportes en el Congreso para salvar sus yerros. Menos aún serviría para la protección de los autónomos que el gobierno ha colocado bajo la sospecha de haber sido colonizados por los partidos políticos, no obstante que sus candidatos y Morena han participado en la integración de varios de ellos.
