Su propio partido había dado el visto bueno para un juicio político; ¿Quién lo reemplazará?
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una crisis bancaria que congeló los depósitos de casi 3 millones de ahorradores, mientras el Congreso debatía iniciarle un juicio político.
Peña anunció en un video en su cuenta de X que dejaba la Presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.
Con esta decisión, la renuncia deberá ser remitida oficialmente al Congreso Nacional para su tratamiento por el plenario legislativo (previsto para las 15), abriendo el camino para la sucesión constitucional en la que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asumirá la jefatura de Estado. Este mandato culminará en 2028, cuando están previstas las próximas elecciones.
¿Qué pasó con Ueno Bank?
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su creación como banco, a fines de 2023. La decisión implicó la suspensión de todas sus operaciones, el cierre de sus sucursales y el congelamiento de los retiros, transferencias y depósitos de sus clientes.
La medida provocó una suerte de corralito financiero, concientos de miles de paraguayos imposibilitados de acceder a sus ahorros. Ueno tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país, y depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de administrar los fondos de jubilaciones y salud.
El BCP justificó la intervención al señalar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa, luego de ajustes realizados a sus estados financieros. También detectó créditos concedidos a empresas vinculadas al propio grupo económico por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.
Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.
Juicio político a Santiago Peña por caso Ueno Bank
Elpresidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, anunció que acompañaría el juicio político, lo cual deja al mandatario en una posición de extrema debilidad. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, aseguró en un comunicado difundido en X.
La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.
Tras la revelación del escándalo el presidente pidió y consiguió la renuncia del titular del banco central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.
Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguieron el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña.
A raíz de la crisis, Peña debió suspender su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.
Más temprano en el día, la Cámara de Diputados de Paraguay debatía un pedido de juicio político contra Peña por la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, mientras su propio partido le retiró el apoyo.
El gobernante Partido Colorado, cuya cúpula se reunió, anunció que acompañará el pedido de destitución.
Para avanzar, el pedido de juicio político requería el apoyo de dos tercios en Diputados. De aprobarse, el Senado debería juzgarlo y necesitaría 30 votos de sus 45 miembros para destituirlo.
La acusación, respaldada por 35 legisladores, plantea activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, al que señala de «un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones».
El juicio político -explica el documento- está «destinado a retirar la investidura» del gobernante, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
Riesgo para las pensiones
La acusación advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor «83 días después de ese nombramiento».
Igualmente, se denuncia una «injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno».
El IPS, que maneja el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, posees unos 355 millones de dólares en la entidad hoy cerrada, según reconoció la gerente financiera de esa instirución, Gladys Vera, y aseguró que eso representa el 9 % de las inversiones de la estatal.
También se acusa al jefe de Estado de «beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito», al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de «afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico».
La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.
Con información de La Nación. GDA
Publicado por Iris Camila Beltran
