ADJUDICACIONES REALIZADAS DESDE 2023
La expresidenta del organismo electoral enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias
Érika Hernández
La Prensa
Cd. de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal contra su expresidenta Guadalupe Taddei por cinco presuntos delitos relacionados con contrataciones públicas: enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, informó que el documento está prácticamente terminado, aunque su presentación fue aplazada para revisar los fundamentos jurídicos y precisar los hechos. El proyecto deberá ser analizado por los diez consejeros electorales antes de presentarse ante las autoridades competentes.
Según uno de los borradores, la denuncia plantea investigar posibles acuerdos irregulares entre funcionarios del INE y empresas proveedoras, así como eventuales beneficios económicos derivados de adjudicaciones realizadas desde 2023.
Entre los contratos señalados figura la producción de credenciales para votar, adjudicada a CosmoColor, en colaboración con Icard Solutions y Talleres Gráficos de México. También se solicita examinar grabaciones difundidas en las que el empresario José Alfredo Hernández presuntamente conversa con Taddei sobre pagos relacionados con esa adjudicación.
Las indagatorias propuestas abarcan posibles desvíos de recursos, intervenciones indebidas en decisiones administrativas y movimientos financieros de servidores públicos. Asimismo, buscan determinar si particulares participaron conscientemente en operaciones que pudieron perjudicar al patrimonio público.
El consejero Arturo Castillo explicó que algunos delitos contemplados podrían implicar prisión preventiva, aunque cualquier medida corresponderá a las autoridades judiciales.
Paralelamente, el instituto espera información oficial sobre posibles cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera a empresas vinculadas con las investigaciones. Hasta ahora, aseguró Castillo, no se ha notificado al INE ningún bloqueo que afecte contratos vigentes.
De confirmarse alguna restricción financiera, el organismo evaluaría medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios y procesos electorales. La Secretaría Ejecutiva prepara un proyecto preventivo para proteger las actividades institucionales mientras se esclarecen los señalamientos.
La denuncia todavía no ha sido presentada y las acusaciones deberán investigarse antes de establecer responsabilidades penales.
Publicado por Rocío Ledezma
