En 2024 y 2025, Blanca Cruz García convirtió a Gráficas Corona JE en su contratista favorito y le otorgó al menos cinco convenios millonarios para material electoral y la impresión de boletas

Especial

La Prensa

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, quedó bajo cuestionamiento por los contratos que otorgó a Gráficas Corona JE durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), en 2024 y 2025. Una investigación periodística documentó que la empresa recibió al menos cinco adjudicaciones por 57.4 millones de pesos para producir material electoral e imprimir boletas de los comicios del 2 de junio de 2024.

La compañía pertenece al empresario Juan Sebastián Estrada Hernández, quien afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas personales y las de la firma, como parte de las indagatorias federales sobre presuntas irregularidades en contrataciones de proveedores electorales. La medida se inscribe en una investigación más amplia que involucra a contratistas y organismos electorales, pero el bloqueo financiero no constituye por sí mismo una resolución de culpabilidad.

De acuerdo con la información publicada, el contrato de mayor monto otorgado por el instituto poblano a Gráficas Corona ascendió a 49.9 millones de pesos y contempló la elaboración de documentación electoral para la jornada de 2024, incluida la elección de gubernatura. La empresa también obtuvo otras cuatro adjudicaciones durante el periodo señalado, con lo que el monto conjunto llegó a 57.4 millones.

Los señalamientos se producen en medio de una revisión más amplia del mercado de impresión y suministro de materiales electorales. El Órgano Interno de Control del INE informó que cinco empresas relacionadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales entre 2014 y 2025. La hipótesis bajo revisión es que algunas compañías habrían simulado competencia en procedimientos de contratación.

Además, la Auditoría Superior de la Federación presentó en junio de 2026 una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en Talleres Gráficos de México. Entre los contratos revisados figuran dos asignaciones directas a Gráficas Corona por alrededor de 660 millones de pesos para apoyar la producción de materiales electorales de 2024. La empresa ha rechazado funcionar como intermediaria y su propietario sostiene que cuenta con capacidad propia para realizar los trabajos.

Cruz García ha defendido los procedimientos de contratación realizados en Puebla. En declaraciones públicas sobre otra adjudicación cuestionada, por 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY para suministrar urnas, mamparas, cajas y otros materiales, aseguró que se trató de una licitación pública nacional. También afirmó que la Presidencia del IEE no integraba el comité de adquisiciones y que no recibió instrucciones del INE para elegir al proveedor.

La funcionaria negó conocer a la empresa JVLY y rechazó que perteneciera a José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado en reportes sobre proveedores electorales. Esa contratación fue observada por la Auditoría Superior del Estado, que emitió solicitudes de aclaración dentro de la revisión de la cuenta pública 2024.

En el caso de Gráficas Corona, los cuestionamientos se centran en el número y monto de los contratos, así como en la situación financiera de su propietario. Hasta ahora, la información disponible no acredita que Cruz García haya recibido beneficios personales ni que exista una resolución que la declare responsable de alguna irregularidad. Tampoco el congelamiento de cuentas equivale a una sentencia contra Estrada Hernández o su empresa.

La UIF informó previamente que incorporó a personas y compañías a su lista de bloqueados y presentó una denuncia ante la FGR para que investigue y determine posibles responsabilidades. La autoridad precisó que se trata de una medida preventiva y administrativa, sujeta a los mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la ley.

El caso reabre el debate sobre la transparencia de contrataciones de materiales electorales.

Publicado por Rocío Ledezma