Por Esequiel Aguilera
Para nadie es novedad que el licenciado Alonso Ancira Elizondo es perseguido político que seguirá en prisión por instrucciones del presidente López Obrador, a pesar de que se violan todos sus derechos humanos y garantías, los jueces no se atreven a actuar en base a la ley, destacó Raúl Flores González.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, recordó que, desde la detención de Ancira Elizondo, en España, fue claro que la intención era mantenerlo en prisión, cuando menos por lo que resta de este sexenio sin importar el daño que se ocasiona a un tercio de Coahuila.
Recordó que, en este paso de los meses, el presidente ha ordenado separar a jueces que se conducen con la ley, por esa razón nadie se atreve a desobedecer sus órdenes, eso sin tomar en cuenta que caemos en país en donde solo lo que ordene, mande y diga el presidente es lo que se cumple.
“Todo parece indicar que no hay leyes, eso de ordenar mantener en prisión a Ancira Elizondo hasta que termine su mandato es una clara prueba de que López Obrador violenta la ley, no toma en cuenta la Constitución, estamos en riesgo de caer en una dictadura y eso es de peligro”, señaló.
El dirigente de constructores sugirió que la defensa de Ancira Elizondo, puede buscar la actuación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, aquí en México no atenderán el caso por temor a la reacción Presidencial, es muy grave lo que ocurre en el caso del empresario.
Mientras todo un tercio de Coahuila presenta serios trastornos a pesar de que todo estaba listo para la inversión de Villacero, el proceso sigue detenido al no liberarse al empresario por las trabas que el presidente mete en la negociación afectando la economía de miles de familias coahuilenses y mexicanas, apuntó.
