Funcionarios de Tamaulipas instalaron retenes ilegales para extorsionar a operadores de pipas que meten combustible de contrabando a México, según las indagatorias de la Fiscalía General de la República.
En particular, el ex subsecretario de Ingresos, ahora diputado local por el PAN, Arturo Soto Alemán -cercano al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca- encabezó en 2018 un punto de control en la «Y» donde convergen las carreteras Reynosa-San Fernando y Matamoros-San Fernando.
Esa «garita», con agentes fiscales estatales apoyados por fuerzas policiacas, no tenía otra finalidad más que cobrar las cuotas a las pipas que transportan gasolina y diésel de contrabando, según la indagatoria.
Cada tractocamión con 60 mil litros de hidrocarburo paga entre 400 y 500 dólares de «cuota» para continuar su camino, según se documentó.
Desde 2013 fueron canceladas, por disposición del Gobierno federal, las segundas revisiones aduanales la línea fronteriza de Tamaulipas, por lo que el retén que operó en 2018 fue considerado ilegal.
En su momento, Soto argumentó que fue legal por un convenio en materia fiscal firmado en 2006 con la Secretaría de Hacienda para realizar incautaciones de mercancía ilegal.
Pero el punto de revisión acumuló denuncias de migrantes, por la extorsión de 150 dólares para continuar su camino.
