La Fiscalía General de República (FGR) congeló cuentas a Luis Alejandro Capdevielle Flores, ex diputado del PRI y amigo de la familia Beltrones.
Según la investigación, Capdevielle recibió más de 10 millones de dólares en una cuenta de Banca Privada d’Andorra (BPA) que luego transfirió a la senadora del PRI, Sylvana Beltrones.
El congelamiento fue ordenado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, encabezada por Juan Ramos López.
Fuentes federales también informaron a REFORMA que la FGR solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe sobre operaciones de Manlio Fabio Beltrones, su esposa, Sylvia Sánchez, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez.
Además, la UIF está a la espera de que autoridades fiscalizadoras de Andorra le informen sobre 24 cuentas vinculadas al abogado Juan Collado.
Manlio Fabio Beltrones negó que él o su esposa Sylvia Sánchez tuvieran alguna cuenta en Andorra.
Sin embargo, las autoridades de aquel país detectaron que ella abrió una cuenta el 10 de marzo de 2008, según lo reveló el miércoles con documentos el diario español El País.
Sylvia Sánchez declaró ante la BPA, en un cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC (know your client/conozca a su cliente), que es psicóloga de profesión, que su dinero provenía de la renta de dos departamentos en Estados Unidos y que abría una cuenta para «rentabilizar su patrimonio».
Además, en el cuestionario confidencial reportó que optó por BPA a recomendación de Juan Collado.
Collado es un abogado vinculado a políticos mexicanos, entre ellos los ex Presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña, así como el ex dirigente sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps.
El abogado está preso desde julio de 2019, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, mientras que en Andorra es investigado por lavado de activos al haber movido 120 millones de dólares en el sistema bancario de aquel país entre 2006 y 2015.
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el principal operador de Collado en Andorra es el ex funcionario salinista, Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien manejaba cuentas bancarias que servían como puente para transferir recursos a otras cuentas.
El representante de Collado en Andorra fue director de Multibanco Mercantil de México, institución que fue privatizada en 1991, y había sido el más cercano colaborador de Ángel Isidoro Rodríguez, «El Divino», banquero acusado de un fraude multimillonario en el grupo financiero Asemex-Banpaís.
Pelea Capdevielle frenar indagatoria.
Por su parte Capdevielle Flores litiga contra el aseguramiento de sus cuentas y la solicitud de nuevos informes de sus depósitos en Andorra.
En noviembre pasado, Patricia Díez Cerda, Juez Quinto de Distrito en Amparo, ordenó a la FGR suspender temporalmente las solicitudes de información financiera del ex diputado priista en Andorra.
«Se concede al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la solicitud de asistencia jurídica internacional elaborada con la finalidad de requerir a las autoridades del Principado de Andorra, sin autorización judicial, información del quejoso relativa a las cuentas con que cuenta en aquel país», acordó la juez.
Pero la juzgadora dejó en claro que suspender el pedido de informes a Andorra no impedía que la FGR continuara con su investigación.
El 19 de junio de 2020, la FGR envió un oficio a las autoridades de Andorra solicitando información sobre las cuentas bancarias del ex legislador.
La petición de asistencia jurídica fue gestionada con base en una indagatoria por lavado de dinero que emprendió la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR.
Fue contra este trámite internacional que el ex diputado presentó una ampliación de su amparo y le concedieron la suspensión, aunque el recurso no ha sido resuelto en definitiva.
Además de los ingresos de que hizo la hija de Manlio Fabio Beltrones entre 2009 y 2011, se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, quien permaneció imputado en una causa judicial de Andorra hasta su carpetazo en 2018.
Capdevielle dijo al diario español que este era ya un caso juzgado, pues en el sexenio pasado la entonces PGR investigó el origen de los recursos y archivó la indagatoria, por falta de elementos de delito; sin embargo, en la presente administración reabrieron la investigación, lo que consideró como una violación de derechos fundamentales.
