Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República reconocerles la calidad de víctimas y darles acceso al senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y a la diputada Ana Lucia Riojas Martínez a las cuatro investigaciones de supuestos actos de corrupción de OHL-México, hoy Aleática.
El Octavo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad declaró inconstitucional la negativa de la FGR a reconocer como víctimas a los legisladores, porque estimó que las personas físicas sí ostentan esa calidad cuando un fenómeno como la corrupción socava un bien jurídico colectivo y las instituciones democráticas.
Por unanimidad, los magistrados determinaron también que, con este reconocimiento, Álvarez Icaza y Riojas Martínez ahora tendrán el derecho a recibir información sobre el avance de las diligencias ministeriales, obtener copias y recibir notificaciones de las investigaciones.
«Se advierte que los delitos que involucran actos de corrupción, constituyen actividades nocivas que lesionan o ponen en riesgo tanto a las instituciones, actividades y recursos del Estado, que impactan desfavorablemente en un amplio sector de la sociedad o en la totalidad de ésta», resolvió el colegiado.
«De ahí que el bien jurídico tutelado es de naturaleza colectiva y, por ende, su protección y titularidad debe estimarse establecida para cualquier persona u organización (que persiga dichos fines) y que formen parte de la misma, pues la sociedad y sus integrantes, al resentir una afectación, están interesados en que se investiguen tales conductas, así como a los responsables».
En noviembre de 2018 los legisladores y Alfredo Figueroa, coordinador del organismo civil Iniciativa Ahora, presentaron 4 denuncias en la entonces PGR por sobornos y el presunto financiamiento de OHL a la campaña electoral de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México.
Uno de los principales denunciados era el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió el año pasado.
Desde entonces, los querellantes solicitaron el acceso a las investigaciones, pero la FGR se los negó, razón por la que recurrieron al amparo que ahora han ganado en la segunda instancia.
El tribunal colegiado interpretó que las personas físicas, al ser parte del conglomerado social, tienen la titularidad de los bienes jurídicos colectivos y, por ende, ostentan la calidad de víctimas en aquellos delitos que vulneren ese tipo de intereses, como sucede en el presente asunto.
«Como ya se dijo, dicho fenómeno delictivo (la corrupción) socava las instituciones y valores de la democracia, compromete el desarrollo sostenible de los países, permite la actividad de la delincuencia organizada involucrando vastas cantidades de dinero (recursos públicos) de los Estados, todo ello de manera generalizada», resolvió.
«Entonces, debe concluirse que el acto reclamado resulta inconstitucional pues, en el caso, y por los motivos ya expuestos, a los denunciantes les asiste la calidad de víctimas del delito y, por tanto, tienen el derecho de recibir información sobre el avance de la investigación, a obtener copia de la última determinación, así como nombrar asesores jurídicos y designar domicilio para oír y recibir notificaciones».
Una de las querellas presentadas en 2018 es por una transferencia de 3 mil 600 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Edomex (SASCAEM), los cuales se entregaron como subsidio y habrían sido utilizados para la campaña política del actual Gobernador.
Otra es por la transferencia de 1.4 millones de euros -alrededor de 30 millones de pesos- de OHL México a una cuenta bancaria en Suiza para funcionarios del Partido Popular en España, con el propósito de obtener contratos públicos.
