CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca compareció el pasado 22 de marzo ante la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las acusaciones en su contra.
De acuerdo con la defensa del mandatario estatal, encabezada por el abogado Alonso Aguilar Zinser, la FGR le dio acceso a la carpeta de investigación por la que solicitó desaforar al funcionario.
Ante la FGR, García Cabeza de Vaca afirmó que probará que es inocente de los cargos de delincuencia organizada, «lavado» de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Este martes, la jueza Decimosegunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, negó al gobernador la suspensión definitiva con la que su defensa buscaba acceder a la carpeta de investigación y evitar que la FGR ejerza acción penal.
En su demanda, registrada con el número 105/2021, el gobernador reclamó que la FGR no le permitía conocer las constancias de la carpeta de investigación que integra en su contra la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con el acceso que la fiscalía le otorgó a la carpeta, el reclamo quedó sin materia.
El pasado 23 de febrero, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados iniciar proceso de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca y envió copias de esta investigación.
El viernes pasado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició las sesiones públicas en las que serán expuestas las pruebas que tienen diversas dependencias gubernamentales para pedir el desafuero del gobernador.
En su comparecencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que «como producto de los sueldos que recibió como funcionario público, García Cabeza de Vaca obtuvo desde 2000 y hasta septiembre de 2020, 23 millones 935 mil 764 pesos».
También detectaron ingresos no declarados por 10 millones 570 mil 856 pesos, lo que constituye una probable evasión fiscal. La UIF ubicó la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, por 42 millones de pesos y la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas.
