La Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó una ley equivocada al sancionar a una empresa del ex superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y un tribunal anuló la multa e inhabilitación contra Laboratorios Solfrán, propiedad del ahora candidato de Morena a la Alcaldía de Guadalajara.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló ayer la inhabilitación por dos años y medio y la multa de un millón de pesos impuestas a Solfrán en septiembre de 2019, pues no debió basarse en la Ley de Adquisiciones del Sector Público sino en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En mayo del 2019, REFORMA publicó que Lomelí tejió una extensa red de al menos 20 empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.
