Un juez federal aceptó la solicitud de Rosario Robles de llamar a declarar en su juicio a Emilio Zebadúa, su Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, para que explique la responsabilidad que tuvo en la firma de convenios con universidades que facilitaron el desvío de los más de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra.
Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, autorizó incorporar al juicio más de 40 de las 53 pruebas que ofreció Robles en su descargo, entre testimonios y documentos de diversa índole.
Al concluir la tercera y última audiencia de la etapa intermedia del procedimiento, el juez citó a la FGR y la defensa para este martes a una audiencia en la deberá estar presente la acusada, con el propósito de emitir un acuerdo relacionado con la apertura de juicio, mismo que por ahora no puede iniciar debido a una suspensión.
«Los medios de prueba que nosotros hemos ofrecido y consideramos fundamentales, nos ha sido admitido por el juez la declaración de Emilio Zebadúa, con la finalidad de que se presente y declare aquí, y que hable respecto de la firma de convenios, y la responsabilidad que tenía, pero principalmente lo que se argumenta sobre las irregularidades que hay para la presentación de los distintos comprobables», dijo Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.
«Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa, que para nosotros se convierte en un testigo muy importante, pues de acuerdo con la teoría del caso de esta defensa consideramos que radica en él por mandato de ley y porque así lo establece la propia Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Servicio Público, la responsabilidad en la firma de lo convenios y, en su caso, si había alguna irregularidad previa a la firma, él tendría que haberlo comunicado a Rosario Robles, esa información no existe».
Para Zebadúa esto no es propiamente una mala noticia, ya que él negocia con la FGR un criterio de oportunidad con el propósito de obtener la cancelación de la acción penal, pero este beneficio se hará efectivo precisamente hasta el momento en que rinda una declaración en el juicio de algunas de las personas contra las que haya declarado, como es el caso de Robles.
El defensor dijo que, por el contrario, el juez Villar rechazó incluir 4 de los testimonios ofrecidos por Rosario, entre ellos el del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Javier Guerrero García.
En el caso de Colmenares, el abogado de Robles cuestionó la exclusión de su testimonio, debido a que en la audiencia pasada el juez aprobó llevar a juicio el testimonio del ex titular de la ASF, Juan Manuel Portal, quien estuvo a cargo de las auditorías del caso que se conoce como la Estafa Maestra.
«La revisión que se hace a la Cuenta Pública se hace dos años después de que se ejerció el presupuesto, lo cual, si estamos en el verbo evitar, ya no estábamos en la posibilidad de ello», explicó sobre la relevancia del testimonio de Colmenares.
Sobre el ex subsecretario, explicó que el juez consideró que el testimonio no debí incluirse en el juicio, debido a que los convenios que él firmó no son parte de los que fueron auditados y observados por la ASF.
«Me parece que era necesaria la declaración de ese servidor público, en él radicó la estrategia para la construcción de todo lo que tenía que ver la firma de los convenios con las universidades, de allí en fuera todos los documentos que ofrecimos los fueron admitidos», dijo Mendieta.
El abogado dijo al final que el juez Villar Ceballos va a enviar un oficio al Juzgado Tercero de Distrito en Amparo de esta capital, para que le informe si puede o no dictar la apertura de juicio, un acuerdo que procede cuando se concluye con la depuración de pruebas y la etapa intermedia.
De antemano, el litigante precisó que no podrá dictarse el inicio del juicio porque existe una suspensión definitiva que lo impide.
En las dos diligencias anteriores, celebradas el viernes y sábado, el juez acordó incorporar al juicio 293 de las 300 pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) y 27 de las 29 presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su calidad de coadyuvante.
Es decir, un total de 320 pruebas fueron calificadas como legales y pertinentes para el juicio por el delito de ejercicio indebido del servicio público en contra de la ex funcionaria, derivado de sus supuestas omisiones de Robles ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos del caso de la Estafa Maestra.
Con las aprobadas este lunes, suman por lo menos 360 pruebas con las que va a dirimirse la culpabilidad o inocencia de Robles cuando se acuerde el inicio del juicio.
