El Conacyt tiene una sugerencia para los más de mil 600 científicos del sector privado que serían expulsados del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con la reforma a su reglamento: que se muden al sector público.
Así lo deja ver un nuevo documento que el organismo dirigido por María Elena Álvarez-Buylla envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en la cual que asegura que la reforma que dejaría fuera de los estímulos del SNI a mil 632 académicos de universidades particulares no menoscaba sus derechos.
«La presente medida no atenta contra la dignidad humana ni tiene por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas», dice el texto firmado por Ángel Moreno, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico.
«Pues, como sucede en los hechos, hay una constante movilidad de investigadores entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, por lo que si satisfacen los requisitos que establece el reglamento pueden también recibir el apoyo económico correspondiente».
Con lo anterior, el Conacyt pretende contestar a 180 ciudadanos que ingresaron al portal de la Conamer para denunciar que la exclusión de investigadores adscritos a instituciones privadas es discriminatoria y violatoria de sus derechos.
En total, el anteproyecto ha recibido 274 comentarios, a favor y en contra.
«Que amplíe CONACYT la redacción de los artículos 61 a 63 de este Reglamento del SNI, para incluir a los investigadores nacionales de universidades particulares en la entrega de estímulos, adoptando una perspectiva de derechos humanos para los investigadores con respeto a los principios de igualdad y no discriminación», pidió, por ejemplo, Gerardo Dubcovsky, Vicerrector de Innovación, Investigación e Incubadoras de la Universidad del Valle de México (UVM).
«El anteproyecto propuesto tiene un costo y afectación a particulares dado que los artículos 61 y 62 discriminan a los investigadores de instituciones particulares», denunció también en el portal Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.
«Exijo que se repare este indudable daño que afectará a particulares, en este caso al personal activo de instituciones de educación superior del sector privado», abundó.
«Las(os) diseñadoras(es) de la propuesta no deben ignorar 1) que la producción académica y trabajo científico que se hace desde universidades privadas tiene impacto en la sociedad y en la resolución de los grandes problemas nacionales; 2) que las investigadoras e investigadores son quienes reciben ese estimulo directamente, por lo que se afecta a la economía familiar, que se vulneran derechos», recuerda también Azul Aguiar, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El Conacyt, no obstante, insistió en que el reglamento promueve, de otras formas que no explica, la vinculación y el trabajo colaborativo entre los sectores público, privado y social.
Asimismo, equipara los apoyos de los investigadores en el SNI a «subsidios» de las nóminas de las instituciones de educación superior, además de asegurar que la posibilidad de brindar apoyos siempre ha tenido como prioridad a los del sector público.
Expulsión progresiva
Ante el silencio de las autoridades del Conacyt sobre cómo habría de proceder la salida de los más de mil 600 investigadores del sector privado del SNI, apenas un párrafo en la documentación existente sobre la reforma al reglamento se refiere a este hecho.
«En relación a los reingresos vigentes de instituciones privadas, cuyo universo asciende a mil 632 investigadores, se verían implicados anualmente -en promedio- 408 investigadores cuyos convenios finalizarían y no se renovarían con el beneficio del apoyo económico», según lo enviado por la dependencia a la Conamer.
De esta manera se explica que el Conacyt esté esperando dejar, cada año, a 408 investigadores fuera de la posibilidad de recibir apoyos, al finalizar sus convenios.
Aunque de manera ambigua, la redacción del texto de la dependencia también deja abierta la puerta al escenario de que los investigadores puedan seguir perteneciendo al SNI, pero sin apoyo económico.
Esta reforma, que la dependencia ha buscado aprobar a la «brevedad posible», con el periodo mínimo de publicidad y de consulta, ha sido calificada como precipitada y opaca por investigadores de todo el país.
Asimismo, ofrece al Conacyt un beneficio anual de tan sólo 29 millones de pesos, al juzgar que los costos de «ahorrarse» los apoyos a los investigadores del sector privado son inferiores a dos nuevos beneficios para los del sector público.
La propuesta de reforma sigue siendo evaluada por la Conamer.
