Dos de los hombres más cercanos a Guillermo Álvarez Cuevas ofrecieron a la Fiscalía General de la República delatar los desvíos millonarios del ex director de la Cooperativa La Cruz Azul, a cambio de que sea cancelada la orden de aprehensión en su contra.
Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, ex director Jurídico de la empresa, y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo, pidieron por escrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada negociar un criterio de oportunidad.
A cambio, solicitan que la dependencia desistirse de la orden de aprehensión que un juez federal libró contra ambos en julio de 2020, por delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos, en transferencias a través de siete empresas «factureras».
Borrell ofrece adicionalmente a la SEIDO garantizar una reparación del daño con 5 millones de pesos, una prerrogativa que en su caso Junquera señala que ya ha sido cubierta, aunque no menciona una cantidad específica.
Los dos evadidos de la justicia ofrecieron información -de la que aseguran tener incluso videos- que de entrada reforzará la actual imputación que pesa sobre Álvarez Cuevas, también prófugo por el caso de los 114 millones 198 mil 847 pesos desviados desde la cooperativa a 7 empresas «factureras».
Los litigantes señalaron a la FGR que en las dos últimas décadas Guillermo y su hermano José Alfredo Álvarez, así como el ex director Jurídico, Víctor Garcés Rojo, ordenaron transferir decenas de millones de pesos desde la cementera, a través de un esquema de simulación de operaciones con empresas de papel que también constituyeron ex profeso para esos fines.
De hecho, admiten que con ese propósito crearon las empresas Asesoría Profesionales Eicer, Expertos en Asesoría Empresarial y Trans Nau, tres de las siete factureras con las que se desviaron los 114 millones de la imputación que los mantiene prófugos.
En el 2011 circuló en redes sociales un video en el que Carlos Terroba Wolff, ex operador de seguros de Cruz Azul, relató a los cooperativistas que participó en un desvío de 370 millones de dólares de la cementera, la cual llevaba una contabilidad paralela en el extranjero. Borrell y Junquera relatan que desde Terroba datan los ilícitos.
Víctor Olea, abogado de Junquera, dijo que por el momento no agregará mayor información sobre el beneficio solicitado por su cliente, ya que mientras la SEIDO no apruebe su petición nada de lo que se está diciendo se puede afirmar o negar.
«Se está solicitando un criterio de oportunidad, en cuanto a lo que mencionan allí, quisiera remitirme a los términos de ese criterio y esperar a que sea validado por el Ministerio Público Federal como eventualmente por el juez de la causa, por lo tanto no puedo adelantar los términos porque es prudente que sean las autoridades los que autoricen y eso todavía no sucede», dijo.
