Por Jorge Fernández Menéndez
Elecciones: un mundo raro y cerrado
Hoy, salvo casos excepcionales, la única forma de participar en unas elecciones es a través de las cúpulas partidarias, aunque se tenga enorme distancia política respecto a ellas
Estoy convencido, lo hemos escrito aquí en muchas ocasiones, que el sistema electoral del país sufre una hipertrofia que lo hace cada día menos eficiente, con tantas restricciones que se convierten en el espacio idóneo para cualquier tipo de impugnación.
La reforma del 2007 fue, en ese y en otros sentidos, un retroceso, acentuado, mucho más, en la del 2013-14. Si la primera acotó libertades y espacios de participación de la ciudadanía, la segunda concentró el poder y los recursos en las dirigencias partidarias y acumuló tal cantidad de responsabilidades en el INE y el TEPJF, que convirtieron un proceso que tendría que ser abierto, con un sistema liberal de participación, en un esquema rígido, donde las decisiones, de partidos e instituciones, se concentran cada vez más en unas pocas manos.
El sistema electoral y las normas que lo rigen deben ser cada vez más abiertos y con menos restricciones en todos los ámbitos. Hoy se han convertido en una trampa para buena parte de la ciudadanía, imposibilitada para participar y que, si tiene la decisión de hacerlo, debe enfrentar a cúpulas partidarias que concentran la decisión, el poder y el dinero. Hoy, salvo casos excepcionales, la única forma de participar en unas elecciones es a través de las cúpulas partidarias, aunque se tenga enorme distancia política respecto a ellas.
Esa reforma electoral es imperativa, pero, al mismo tiempo, cada día más difícil de realizar, porque los partidos y las instituciones no quieren perder esos enormes espacios de poder.
Dicho esto, las normas, aunque estén hipertrofiadas y no cumplan cabalmente con las exigencias de la ciudadanía, deben ser respetadas para tener un mínimo de congruencia en el proceso. Las normas de sobrerrepresentación electoral no tienen sentido en la coyuntura actual, no sólo deberían ceñirse al ocho por ciento máximo como lo establece la Constitución, simplemente no deberían existir: los diputados y senadores que debe tener cada partido se deberían ajustar exactamente al porcentaje de sus votos. Si la sobrerrepresentación tuvo alguna razón de ser para generar mayor gobernabilidad durante la transición, hoy no sólo ha perdido toda utilidad, sino que deforma groseramente el voto de la gente. Que la representación sea directa y acorde al voto estricto que reciba cada partido fue, durante años, el reclamo de una izquierda que hoy parece haberlo olvidado.
¿Se deben reformar las instituciones electorales? Por supuesto, se le dieron tantas atribuciones al IFE, ahora INE, y al TEPJF en la reforma del sexenio pasado, que resultan imposibles de manejar sin una estructura que consume, además, muchos recursos, tanto como el que reciben, incrementado en forma automática en cada proceso electoral, los partidos políticos. Con un sistema mucho más abierto y sin tantas restricciones, se podría contar con un instituto electoral mucho más pequeño y funcional que no tenga por qué decidir temas absurdos como el contenido de los spots publicitarios o las formas de operación de cada partido.
Pero, mientras ésa sea la norma legal, una norma que los propios partidos, sobre todo los que estaban en la oposición, impusieron a las instituciones y a la ciudadanía, se le debe respetar. Ignorar ahora lo que propusieron, impusieron y aprobaron sería un retroceso aún mayor. En todo caso, lo que hay que hacer, como en muchos otros sentidos, si no se está de acuerdo con ellas, es modificar las leyes y la Constitución, si se tiene los votos para ello, para adecuarlas a una sociedad que trasciende en mucho a los partidos. Mientras tanto, la ley debe ser respetada.
La lucha interna de Morena y de otros partidos se inscribe en esta lógica. El poder está en las manos de las dirigencias partidarias, no de sus militantes y menos aún de la gente. Es ilógico que el registro de nuevos partidos sea cada seis años, cuando en ese periodo de tiempo la realidad de un país (qué mejor ejemplo que lo sucedido entre 2012 y 2018) puede cambiar radicalmente.
