De aprobarse en sus términos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos (Iniciativa) se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas.
Por lo anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa.
Asimismo, la iniciativa generaría incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, además habilitaría espacios para una restricción artificial e injustificada de la oferta de sus productos y servicios en detrimento de los consumidores mexicanos.
«El marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. Para que Petróleos Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos -que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria-, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros.
«En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables», indicó el organismo en un comunicado.
La Comisión señaló tres puntos por lo que la reforma no debe ser aprobada.
En primer lugar, desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la «seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional».
Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
Además, generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
Por último, reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos.
«Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro.
«Además, la Iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta», señaló la Cofece.
Por estas razones, la Comisión recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus términos esta Iniciativa.
Por otra parte, la Cofece reconoce como legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que en dicha opinión no se pronuncia sobre la modificación legal que prevé revocar los permisos por esta causa específica.
