Los socios del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana preparan la batalla legal contra el «decretazo» del Gobernador morenista Jaime Bonilla, quien busca expropiarles 50 hectáreas.
Los socios presentaron un amparo luego que Bonilla lanzó la amenaza desde enero. El martes pasado se publicó la «declaratoria de utilidad pública» y los interesados tienen 15 días hábiles para presentar su defensa y argumentos ante el Gobierno estatal.
Después, Bonilla tendría que formalizar y publicar el decreto de expropiación y los socios alistan una lluvia de amparos.
«Vamos a atender el procedimiento en sus etapas, puede ser que el resultado sea que no haya causa de utilidad pública», explicó un abogado del Club Campestre.
«Son tres momentos distintos. El primero es la declaratoria de utilidad; el segundo, la expropiación, y el tercero las impugnaciones y amparos», agregó.
La justificación de Bonilla para expropiar es que el club tiene supuestos adeudos de agua y predial.
Además, «el perjuicio a la propiedad privada del Club Campestre es menor al beneficio que genera en favor de la sociedad», señala el decreto de utilidad publicado el martes pasado.
