Francisco Javier Cruz Rosas, ex agente presuntamente implicado en el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en cheques de la extinta Policía Federal, se entregó a la justicia ante la lentitud del trámite de su amparo contra la orden de aprehensión.
El miércoles por la noche, en León, Guanajuato, Cruz llamó por teléfono a la Policía Federal Ministerial para pedirle que fueran por él y, una vez aprehendido, fue trasladado al Estado de México, donde fue internado en el Penal del Altiplano.
Ayer por la mañana un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez le decretó la prisión preventiva oficiosa, debido a que uno de los dos delitos que le imputan, la delincuencia organizada, impide la libertad provisional durante el proceso.
Al mismo tiempo, a solicitud del imputado, el juzgador duplicó de 72 a 144 horas el término legal para definir su situación jurídica, por lo que será en una audiencia del próximo miércoles por la noche cuando el juez defina si lo vincula o no a proceso.
«Decidió entregarse a las autoridades ante el atraso en la resolución de su demanda de amparo, que lleva más de 9 meses sin ser resuelta y ante la situación propia del encierro, la situación familiar, es que tomó dicha determinación», dijo su abogado Gabriel Regino.
«La pandemia ha generado un gran atraso en las resoluciones de amparo, es un problema de acceso a la justicia que no ha sido resuelto y entonces esto está provocando un colapso en los juzgados de amparo que tienen un atraso muy grande.
Entonces, esto se refleja en perjuicio de los derechos de las personas que están detenidas y están esperando un amparo, y aquellas que están siendo víctimas de una injusticia con órdenes de aprehensión, como es el caso de Francisco, que terminó por decir ‘mejor me presento y que se resuelva allí'».
Cruz es parte del grupo de 19 ex funcionarios de la Policía Federal, entre ellos sus ex secretarios generales Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, contra quienes el año pasado se ordenó la aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
A Orta y Martínez se les acusa haber triangulado a sus subordinados un total de 246 cheques por 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la partida 33701 para «Gastos de Seguridad Pública y Nacional».
En el caso particular de Cruz Rosas, son dos cheques que recibió de 3 millones de pesos cada uno, por lo que el monto del supuesto lavado es de 6 millones de pesos.
El ahora interno en el penal de alta seguridad renunció a la Policía Federal desde el 31 de agosto de 2013.
Es el segundo implicado en ser llevado a la cárcel, luego de que en agosto pasado fue detenido y procesado Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe de departamento de áreas administrativas de la corporación.
