Por Pascal Beltrán del Río
La Constitución y el parecer del Presidente
Entre las entrevistas más célebres de la historia está la que hizo David Frost, presentador de la televisión británica, al expresidente estadunidense Richard Nixon.
La conversación, que tuvo lugar en la primavera de 1977, dos años y medio después de la renuncia de Nixon, no es una entrevista periodística en sentido estricto porque Frost pagó al exmandatario 600 mil dólares por la exclusiva. Sin embargo, el contenido tiene elementos de interés público innegables.
Pese a que contrató a dos avezados periodistas —James Reston y Bob Zelnick— para apoyarlo en la preparación de las preguntas, Frost batalló para extraer del expresidente una declaración que generara noticia.
Habían pasado más de seis horas de diálogo. Frost y su equipo se desesperaban porque el colmilludo expresidente no soltaba prenda, pese a ser bombardeado por muy sesudas preguntas. Pero cuando hablaban de la guerra de Vietnam, el conductor lo interrogó sobre el Plan Huston, una operación de espionaje contra opositores al conflicto, que autorizó el entonces presidente —abogado de profesión—, incluso en contra de la opinión de J. Edgar Hoover, director del FBI.
—Usted dice que hay ciertas situaciones en las que el presidente puede decidir qué es lo que está en el mejor interés de la nación, aunque sea ilegal…
—Si el Presidente lo hace —respondió Nixon—, quiere decir que no es ilegal.
—¿El Presidente puede estar tan arriba de la ley? ¿Hay algo en la Constitución que diga eso?
—No, no hay nada que lo diga. Pero sé esto: en circunstancias extraordinarias, un presidente puede tomar acciones que serían ilegales en condiciones normales, pero que son legales si las toma para preservar a la nación y los derechos esenciales que contempla la Constitución.
Tanto en México como en Estados Unidos, el presidente, al tomar posesión, se compromete formalmente a respetar la Constitución. En nuestro país, la protesta está contemplada en el artículo 87 de la Carta Magna: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Sin embargo, igual que Richard Nixon, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece creer que el orden legal se aplica a su criterio, como si alguien lo hubiese dotado de poderes especiales para acatar algunas normas y desacatar otras. Eso se nota en diversas iniciativas de ley que él ha enviado al Congreso y que —una vez aprobadas por legisladores subordinados a su voluntad— son suspendidas por los jueces. O en la declaración que hizo el viernes pasado, cuando se le preguntó por una iniciativa aprobada por el Senado, en la que se prolonga el periodo de la actual presidencia de la Suprema Corte por dos años, algo expresamente contrario a la Carta Magna.
“Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo”, dijo.
Es decir, igual que le sucedía a Nixon, el presidente López Obrador interpreta que hay circunstancias extraordinarias —la reforma al Poder Judicial— que ameritan violar la Constitución. La diferencia es que al Presidente de México no es necesario sacarle esa opinión con tirabuzón.
Dicen los abogados que la Carta Magna no dice lo que dice, sino lo que los jueces dicen que dice. Es un buen apotegma porque hay partes de la Constitución que no son muy claras o que incluso se contradicen entre sí y hace falta que los jueces —y, en ocasiones los propios ministros de la Suprema Corte— intervengan para aclararlo.
Pero éste no es el caso. El artículo 97 de la Constitución establece claramente que el periodo de duración de la presidencia de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección. Ahí no hay otra interpretación posible.
El Presidente parece creer, como Nixon, que si a él algo le parece una buena idea, entonces es legal. Ojalá que el ministro presidente Arturo Zaldívar no sea de ese mismo parecer y se refrende como un defensor de la Constitución, no aceptando el regalo envenenado que le quiere mandar una Legislatura que se ha distinguido por ser sumisa del Ejecutivo.
