Por Leo Zuckermann
¿Las declaraciones de AMLO son un riesgo para la elección?
El Presidente está jugando con fuego. Pese a las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador sigue haciendo campaña a favor de Morena y partidos satélite. Esto puede poner en riesgo la validez de los comicios que vienen.
La legislación en México es absurda: ordena a los políticos que no hagan política. Pretende ponerles un bozal en el momento más álgido de la lucha por el poder, es decir, las elecciones. Ridículo.
La realidad es que los gobernantes, independientemente de su partido, quieren que ganen sus candidatos y pierdan sus adversarios. Esto incluye al Presidente, quien debería tener la opción de comportarse como el político que es y hacer campaña a favor de los candidatos de su partido, siempre y cuando no utilice recursos públicos para este propósito.
Este último punto —el uso de los recursos públicos— es donde hay que hilar muy fino. López Obrador, por ejemplo, utiliza sus conferencias matutinas para hacer campaña a favor de su coalición y en contra de sus adversarios. Todo el material y servicios que se utilizan en las mañaneras son pagados por los contribuyentes. La sede, el Palacio Nacional, es un inmueble del Estado. Claro que está utilizando recursos públicos.
Pero no me quiero meter a este asunto, sino destacar que, en lo personal, yo creo que López Obrador tiene todo el derecho de hacer campaña como lo hizo Vicente Fox en 2006. Cosas del destino.
En esa ocasión los lopezobradoristas, entonces agrupados en el PRD, fueron los que se quejaron amargamente del activismo político de Fox. Fue una de las causales por las que solicitaron se invalidaran las elecciones presidenciales de 2006. Presentaron múltiples pruebas donde claramente se escuchaba al presidente Fox haciendo campaña en contra de AMLO y a favor de Calderón.
En ese entonces era legal. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que “las declaraciones analizadas del presidente de la República Vicente Fox Quesada se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas”.
En opinión de los magistrados, Fox sí puso en peligro la validez de aquella elección. Calderón se salvó por un pelito. Desde entonces se impuso esta absurda opinión de que los gobernantes deben callarse en las campañas. La reforma electoral de 2007 lo ordenó dándole un golpe importante a la libertad de expresión.
Como la ley es contra natura (que los políticos no hagan política), inevitablemente genera tensión entre los gobernantes, en este caso el Presidente, y el INE, la autoridad que tiene que aplicar la regla absurda (promovida, les recuerdo, por los que hoy se quejan que los están amordazando).
El INE ya le solicitó a AMLO que “se abstenga de difundir logros de gobierno —incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias—, obra pública e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso cuando responda a las preguntas que le son formuladas en las conferencias de prensa”.
Además del apercibimiento, el INE informó que el incumplimiento de las medidas cautelares podría derivar en una amonestación pública, una multa de 448 mil pesos y hasta 36 horas en prisión.
Yo quiero ver que el Instituto Nacional Electoral, efectivamente, logre que AMLO se calle la boca. Sí, cómo no.
En el colmo del cinismo, como si no tuviéramos memoria, el actual Presidente argumenta que su libertad de expresión está por arriba de cualquier norma. Yo estoy completamente de acuerdo. Lástima que López Obrador no pensaba lo mismo en 2006, cuando Vicente Fox no paraba de criticarlo. Y aún peor: que por su culpa se haya modificado la ley absurda para callar a los gobernantes durante las campañas políticas.
