Por Jorge Fernández Menéndez
De Salgado a Huerta, abusos y complicidad
Se supone que alguien con antecedentes de abusos, incluso quien no ha pagado su pensión alimentaria, está impedido para ser candidato
¿Es transitable la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Todo indica que no, que el aspirante de Morena al estado de Guerrero finalmente no tendrá la candidatura, eso si el voto de la mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se mantiene, después de la audiencia que mantuvo hoy Salgado Macedonio con los miembros del TEPJF, en los mismos términos en que estaba el jueves, cuando se suspendió el pleno.
El magistrado José Luis Vargas me escribió ayer indicando que la suspensión de esa sesión no fue con la intención de impedir la votación en contra de Salgado Macedonio, sino porque habían llegado impugnaciones de otros tres precandidatos de Morena al estado de Guerrero que debían ser resueltas en la misma sesión y porque consideró, además de que Salgado tenía derecho a audiencia antes de la resolución de su caso, que no había razón para sesionar “al vapor” estos asuntos. Y confirmó que hoy se efectuará esa sesión. Hasta ahí la aclaración que nos hizo llegar el presidente del Tribunal.
Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que la candidatura de Salgado Macedonio en ningún otro momento hubiera podido transitar, no sólo por el costo político que ya están pagando el partido y el propio candidato, sino porque simplemente luego de las acusaciones de abuso sexual que sufrió Félix es impensable que se hubiera continuado con esa candidatura sin haber esclarecido mínimamente esas denuncias.
No sé si las mismas fueron reales o no, pero se presentaron, y en un país donde los grados de violencia contra las mujeres alcanzan niveles escandalosos y en una época de profundas demandas de equidad de género, que se convierta en candidato e hipotéticamente en gobernador, alguien acusado de violador y abusador, sin que su caso sea investigado plenamente, no debería ser viable. Sólo lo ha sido, si el Tribunal (por el tema de los informes de precampaña) no lo impide, por la defensa que de Félix han hecho el presidente López Obrador y los dirigentes de Morena, aun ante la desaprobación de muchos de sus militantes, sobre todo mujeres.
Paradójicamente, la sanción por los gastos de precampaña ha hecho olvidar las denuncias de abusos. Y se olvida que las mismas también podrían haber impedido legalmente la candidatura. Se supone que alguien con dichas acusaciones, con antecedentes de abusos, incluso quien no ha pagado su pensión alimentaria, está impedido para ser candidato. Según se ha informado, hay por lo menos otros 78 casos de aspirantes a un puesto de elección popular que entran dentro de esa categoría. Pero ahí siguen.
La insensibilidad ante los casos de violencia sexual es tan notoria que, a cuentagotas, Morena ha actuado contra el diputado Saúl Huerta. Como señalábamos ayer, primero se le defiende (como lo hizo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, alegando que la denuncia de violación contra un jovencito de 15 años es simplemente un tema de “índole personal”, donde el partido no podía involucrarse), después se anuncia como gran castigo que el diputado no optará a la reelección; hasta el fin de semana se habla de la separación del grupo parlamentario, pero lo cierto es que Huerta continúa siendo diputado y tendrá fuero hasta el próximo 31 de agosto. No veo cómo se puede defender al diputado por Puebla; no veo cómo se puede explicar que un hombre muy mayor esté encerrado con un joven de 15 años, con el que no tiene relación alguna, en una habitación de hotel; no entiendo, cuando ya existen otras acusaciones similares, qué esperan para expulsarlo del partido y abrirle un proceso de desafuero para que enfrente la justicia.
Es real que movimientos como MeToo han cometido excesos e injusticias, que en aras de la corrección política se han cancelado vidas públicas y cometidos daños reputacionales. Pero cuando hay acusaciones serias, cuando se repiten los testimonios, cuando se puede hasta establecer incluso un patrón de comportamiento, no debería haber margen para ignorar las denuncias.
Se puede especular con que el video de David Monreal cuando le toca las nalgas a una compañera de partido en un mitin fue manipulado o que el suyo fue un movimiento involuntario, puede ser, pero no hay forma de defender a un aparente violador como Huerta o la serie de denuncias (revividas o no por otros aspirantes a la candidatura de Guerrero) que existen contra Salgado Macedonio.
Hay que recordar algunos datos para comprender la magnitud del desafío que enfrentamos: si en marzo de 2015 hubo mil 80 denuncias de violación, en marzo pasado hubo dos mil 20, exactamente el doble. Si en marzo del 2015 hubo 206 denuncias de extorsiones sexuales contra mujeres, el mes pasado hubo 319. Si en marzo de 2015 hubo 9 mil 705 denuncias de violencia intrafamiliar, en marzo pasado hubo 23 mil 709.
Existe una tendencia dramáticamente al alza de violencia intrafamiliar, sobre todo contra mujeres y niños. Si desde la cúspide de la pirámide política existe desinterés o falta de sensibilidad ante esa violencia, si contar con esas acusaciones no impiden gobernar un estado o legislar a cualquier nivel, si los partidos no comienzan por depurar a sus propios aspirantes, cómo podemos pretender que esos datos de violencia siquiera disminuyan. No es sólo falta de sensibilidad, es sencillamente una irresponsabilidad, una forma de complicidad.
