La candidata Lupita Jones Garay, de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y concusión, por parte del Gobernador Jaime Bonilla.
Jones Garay indicó que el monto por estos delitos pudiera superar los 278 millones de pesos, y especuló que una parte de este presupuesto pudo haber sido canalizado al financiamiento de la candidata morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que interpondrán denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).
Aseguró que la información la obtuvo en los recorridos que realiza con la gente, debido a su postulación como aspirante a la Gubernatura.
Juan Marcos Gutiérrez González, asesor jurídico del equipo de campaña, explicó que Fisamex no está dada de alta como persona moral, sino una compañía de nombre Romafam, encabezada por Manuel García Soto, quien se presenta como director de Fisamex.
Romafam es la empresa que en realidad cobra el 20 por ciento del recurso, aunque, en la mayoría de los casos, los recibos son emitidos por Fisamex.
Hasta diciembre del 2020, el Gobierno estatal cobró mil millones de pesos por derechos de agua en Baja California a cientos de empresas.
El delito de lavado de dinero, de acuerdo al artículo 400 BIS del Código Penal federal, ocurre porque con base en certificados fiscales de facturas emitidas por organismos del agua se detectó que, en el año 2020, el Gobierno del Estado pagó a la empresa Romafam 278 millones de pesos, precisó Gutiérrez González.
El peculado se presume por la posible desviación de recursos a un ente privado, añadió.
«(Mientras que) El delito de concusión está previsto por el artículo 300 del Código Penal de Baja California», dijo.
«Dice que el delito lo comete el servidor público que a título de impuesto o contribución (en este caso, los derechos de agua que se cobran) exija por sí o por otro medio, dinero, valores, o servicios, que sepa no ser debida o en mayor cantidad que señalada por la ley», agregó.
Este lunes, Jones también se presentará una denuncia ante la Fiscalía
«Es alarmante», subrayó Jones, «la forma como estas personas han operado de manera arbitraria, sin justificación, fuera de la ley, y sometiendo al ciudadano a extorsiones e intimidaciones, retirando medidores de agua».
«Lo he dicho varias veces, hay que poner límites, ¿hasta dónde vamos a permitir que nos sigan pasando por encima?», cuestionó.
Baja California se encuentra en periodo de campañas electorales, hasta el 6 de junio, cuando se celebrarán los comicios para elegir Gubernatura, cinco Alcaldías, y 25 diputaciones locales.
Según encuestas, Ávila Olmeda se ubica en el primer lugar de preferencias electorales en Baja California, el equipo de la candidata morenista indicó que no emitirán postura.
¿Quién es Romafam?
Según el Registro Público y de Comercio, apuntó Gutiérrez, Romafam fue constituida en el 2018 en Hermosillo, Sonora, el socio mayoritario es Manuel García Soto, tiene por objeto social la «fiscalización, regularización y administración a usuarios de organismos de agua».
En el 2020, Romafam transfirió 63.8 millones de pesos a otra empresa de nombre Salhec Grupo Constructor, constituida el 28 de mayo del 2020, para proyectos y construcción de obras.
También Romafam transfirió a otra empresa denominada Fiscales del Agua Mex, constituida el 28 de septiembre del 2020, cuyo socio mayoritario también es Manuel García Soto, 162.4 millones de pesos.
«El 7 de diciembre, en una sola factura», apuntó el asesor, «es el más típico de los esquemas de lavado de dinero».
