Por Carlos M. Urzúa
Un presupuesto sin sustento alguno (II)
Tras lo que serán tan solo modificaciones menores, el Presupuesto de Egresos para el 2021 será aprobado por los diputados federales de Morena, apoyados por los legisladores de sus partidos satélite, a más tardar el próximo 15 de noviembre. El presupuesto que autorizarán será del orden de 6.3 billones de pesos, ligeramente menor en términos reales al autorizado para el año 2020, antes de la imprevista caída económica debido a la actual pandemia.
La cantidad de 6.3 millones de millones de pesos parecería, a primera vista, estratosférica. Pero de ese monto tiene que apartarse, de entrada, el gasto que se denomina no programable, el cual contempla las erogaciones que el gobierno tiene que hacer pase lo que pase. Son aproximadamente 1.7 billones de pesos los que se gasten así, mayormente por los intereses y otros cargos de la deuda pública (del gobierno federal, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad), así como por las participaciones federales para los estados y municipios que señala la Ley de Coordinación Fiscal.
De los 4.6 billones de pesos que restan hay que apartar un monto de 1.2 billones para el pago de las pensiones, incluyendo a las llamadas pensiones no contributivas (entre ellas las transferencias a los adultos mayores). La carga fiscal de las pensiones en México está, por cierto, creciendo a pasos acelerados y ya es actualmente mayor que la recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Siguiendo con las restas, hay que descontar también los presupuestos para el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos autónomos, cantidades que suman alrededor de 1.4 billones de pesos.
Quedan entonces, más o menos, dos billones de pesos. De esta cantidad hay que descontar las aportaciones para salud, educación, seguridad y otros rubros que el gobierno federal tiene que transferir a los estados y municipios. Esta cantidad ronda los 778 mil millones de pesos. Por otro lado, hay que restar también los montos que requiere el propio gobierno federal para financiar sus programas prioritarios en los sectores de, entre varios otros, la educación pública, la salud pública, la seguridad pública y la agricultura nacional.
Bueno, para no hacer el cuento largo y mejor decirlo con los datos del propio gobierno, los “gastos obligatorios” que tendrá que erogar en 2021 el sector público federal son del orden del 84% de los recursos con que se contarán en principio. Puesto de otra manera, de los 6.3 billones de pesos mencionados al inicio de esta columna, son apenas alrededor de un billón de pesos los que no están ya comprometidos de antemano.
¿Cuál es el destino final de ese remanente, ese millón de millones? Poco más de 700 mil millones de pesos, alrededor del 2.8% del producto interno bruto (PIB), están asignados para la inversión pública. Esa cantidad no es cuantiosa. Para poder alcanzar de manera sostenida tasas notables de crecimiento económico, un país como el nuestro debe destinar a la inversión pública al menos el 5% de su PIB.
Sin embargo, ése no es el mayor problema del actual proyecto de Presupuesto de Egresos. El más grave es que en el 2021 las participaciones y aportaciones para los estados y municipios serán significativamente menores que las de este año. Sobre esto comentaremos la semana que entra.
