Por Rául Contreras Bustamante
La Fiscalización Superior en México
Toda etapa de crisis es también una ventana de oportunidad. Así la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 ha impuesto retos nunca antes imaginados a la educación, aunque ha traído consigo la utilización y aprovechamiento —más que nunca— de nuevas tecnologías y plataformas digitales para el desarrollo de clases y conferencias.
Epicentro del conocimiento jurídico en México, la Facultad de Derecho de la UNAM se caracteriza por una incesante vida académica que va más allá de las clases impartidas en sus aulas. De esta manera los eventos académicos ofertados a la comunidad complementan y fortalecen la formación de los jóvenes estudiantes.
Foro habitual para la presentación de los temas de mayor actualidad en la agenda nacional, esta semana tuvo lugar el conversatorio La Fiscalización Superior en México. Se trató de un diálogo entre el claustro de expertos de nuestra comunidad y David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación.
Concebida por el auditor como un estandarte de la democracia, la fiscalización está íntimamente ligada a la identificación de vicios en el ejercicio del gasto público, así como a la transparencia, la rendición de cuentas y es —sin duda— un elemento consustancial a la existencia de todo Estado constitucional de derecho.
Tan importante labor, en nuestro país se encuentra conferida por mandato constitucional —en el artículo 79 de nuestra Carta Magna— a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados —dotado de autonomía técnica y de gestión— que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales por los tres Poderes de la Unión; los Órganos Constitucionales Autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Dentro de los puntos de mayor relevancia abordados durante el conversatorio, se encuentra una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación —en proceso de discusión en el Congreso— que de aprobarse facultará a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo auditorías digitales.
Y es que con las medidas de distanciamiento social y cierre parcial de las oficinas públicas, la labor de fiscalización no debe detenerse, so pena de incentivar actos discrecionales en la utilización de los recursos públicos federales.
En ese mismo sentido se prevén —a decir del propio auditor— cambios legislativos para que la ASF audite en tiempo real y no sólo se enfoque a ejercicios pasados, lo que abonaría a tener un control más riguroso que desincentive las malas prácticas en el sector público.
Valiosa por sí misma, se dijo que la labor llevada a cabo por la Auditoría no ha tenido los alcances que podría tener, dada la falta de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción del cual forma parte. Y es que si se contara con una implementación total de dicho sistema, los conocimientos y experiencias podrían ser replicados en todas las tareas de fiscalización llevadas a cabo en los tres órdenes de gobierno.
En conclusión, debemos comprender que la fiscalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para el fortalecimiento del Estado de derecho, aquel que pone al centro de todo, los derechos de todos y que hace de la legalidad un estilo vida y del servicio público una vocación permanente.
