Por Ivonne Melgar
El general que desconfiaba de la DEA
Una de las grandes hazañas de López Obrador ha sido concretar, sin costos políticos, la militarización de la seguridad
En menos dos años, el presidente López Obrador logró darle legitimidad popular al protagonismo del Ejército en las tareas de seguridad y a la importacia de llevar una buena relación con Estados Unidos.
Por supuesto que hay críticas de especialistas, partidos de oposición y organizaciones civiles. Pero sus alertas se han diluido en el reconocimiento social de las apuestas gubernamentales: la Guardia Nacional, la entrega de más de una decena de proyectos a las Fuerzas Armadas y el cuidadoso trato con Donald Trump. Y es que, gracias al respaldo con el que llegó al poder y al liderazgo que tiene en amplios sectores de la sociedad, el primer mandatario procedente de la izquierda en México consiguió disipar las sospechas que históricamente habían gravitado sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de las agencias estadunidenses frente al crimen organizado.
Ahora, la mayoría de la población aplaude al presidente López Obrador cuando alega que no quiere pelearse con su homólogo Trump y que el Ejército es pueblo uniformado.
Pero no son lejanos los días en que la oposición reclamaba al entonces presidente Felipe Calderón que se hubiera dejado imponer, eso se decía, por la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la DEA (Agencia para el control de Drogas) la versión mexicana del Plan Colombia que allá desplegó Álvaro Uribe.
Fue tanta la satanización de la Iniciativa Mérida y de la llamada guerra contra el narco que cuando Enrique Peña llegó a Los Pinos no sólo se omitieron esos términos, sino que también se trató de prescindir de una narrativa ligada a la certificación de Estados Unidos. Hasta que Joaquín, El Chapo, Guzmán se fugó y fue inevitable dar cuenta de la cooperación bilateral para encontrarlo.
Por eso una de las grandes hazañas del presidente López Obrador ha sido concretar, sin costos políticos, la militarización de la seguridad, el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en su proyecto anticorrupción y llevar la fiesta en paz con los vecinos del norte, aun cuando deliberadamente se ha negado a seguir su retórica de condena al narco.
Apenas hace un año, justamente el 17 de octubre de 2019, el jefe del Estado mexicano asumió la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, abortando así una tarea solicitada por Estados Unidos.
Cinco meses después, a finales de marzo anterior, el presidente López Obrador desafió el discurso antinarcos reuniéndose con la abuela del joven liberado y madre del capo que paga su condena en Estados Unidos.
Y hoy, cuando la espiral de violencia criminal continúa a la alza, las masacres entre bandas no ceden y las autoridades admiten que el narco opera incluso en la CDMX, la DEA suelta la noticia de terror: el secretario de la Defensa del sexenio anterior, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, estaba al servicio de la producción y la distribución de coca, mariguana, heroína y metanfetanima, lavaba dinero y protegía al cártel del H2, derivado de los Beltrán Leyva.
El Presidente dice que esa denuncia de los estadunidenses confirma la podredumbre del pasado neoliberal, aclara que aquí no hay investigación en contra del exfuncionario de Peña Nieto y aunque admite que se revisará a los mandos que pudieron ser sus cómplices, exonera a su titular de la Defensa, el general Cresencio Sandoval.
Al igual que con la pandemia, que le cayó como anillo al dedo, López Obrador no se hace cargo de la tragedia que arrastra esta noticia porque, más allá de la defenestración de un exsecretario, es la prueba de la porosidad de las instituciones mexicanas frente al crimen organizado y de la vigencia de la certificación de Estados Unidos y sus testigos protegidos.
Confiado en el arrastre de su palabra, el Presidente capitaliza los guiones de la DEA sobre la narcopolítica de sus antecesores: en 2019 le tocó al calderonista Genaro García Luna y hoy ha sido el turno del secretario general peñista.
En medio de la incertidumbre que abre esta acusación, destaca el recuerdo de quienes trataron en corto al general secretario y cuentan que no ocultaba su animadversión y desconfianza sobre la DEA, al advertir que sus agentes siempre tenían un doble juego.
Por lo pronto, a las suposiciones de que esta es una jugada maestra que da óxigeno electoral a Trump y armas a López Obrador para someter a los militares rejegos, se suman las sospechas de exfuncionarios que conocen cómo se las gastan los vecinos y advierten que Cienfuegos es víctima de las presuntas confesiones de El Chapo Guzmán.
Lo evidente es que en la autoproclamada Cuarta Transformación, los militares construyen obras, combaten el huachicol, detienen migrantes, reparten libros de texto, siembran viveros y, de última hora, protagonizan el descabezamiento de uno de sus generales de cuatro estrellas, alimentando la historia del fallido Estado mexicano.
¿Quién seguirá en 2021 o en 2024? ¿Terminó aquí la historia de los funcionarios mexicanos acusados por los capos que Estados Unidos custodia?
Esa es la cuestión.
