La Secretaría de la Función Pública sancionó a la ex titular de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda y a dos de sus ex funcionarios de alto rango, por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto «Museo de Museos», que no se concretó, como reveló REFORMA el pasado febrero.
Detalló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los ex servidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto «Museo de Museos», en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales, detalló la Secretaría de Cultura en un comunicado de prensa.
La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables.
Por tales irregularidades, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas ex servidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su ex titular, el ex Oficial Mayor y la ex Directora General de Administración.
El procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, el OIC se percató de posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.
La ex titular de Cultura es la segunda Secretaria de Estado de la Administración pasada en ser sancionada por la actual Función Pública. La primera fue la ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
«A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público, nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo», advirtió la Secretaria Sandoval Ballesteros.
