Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), rechazó haber incurrido en conflicto de interés cuando estaba en el cargo y señaló que impugnará su inhabilitación de 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
«La decisión de la Secretaría de la Función Pública es una injusticia. Tengo la consciencia tranquila, dediqué casi 25 años de mi vida al servicio público y siempre actué con apego a la ley», dijo en un posicionamiento público.
«Sostengo mi inocencia y voy a impugnar esta sanción hasta las últimas instancias, dentro de los plazos legales correspondientes», añadió.
Después de que en febrero de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a García Alcocer de haber incurrido en un conflicto de interés, la Función Pública anunció ayer su inhabilitación para ejercer cargos públicos en la Administración Pública Federal por no haberse excusado de participar en el otorgamiento de un permiso a una empresa de un familiar suyo.
«Al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía», sostuvo la SFP ayer en un comunicado.
García Alcocer afirmó este miércoles que su actuar ha sido siempre correcto y honesto, y que se defenderá por cuidar su nombre, no por acceder a un puesto en el Gobierno federal, ya que actualmente se dedica a la academia.
«La investigación se hizo pública antes de que iniciara, vulnerando el debido proceso», acusó.
El ex funcionario refirió que se hizo una revisión a su patrimonio, la cual se cerró sin observaciones.
«No hubo beneficio ni daño, tal como se constató en la investigación», mencionó.
«Declaré los nombres de las personas relacionadas en lo familiar e hice pública esa información desde que llegué a la Comisión. Ahí incluí a un familiar en cuarto grado que es un empleado de un grupo de empresas a nivel nacional e internacional. Lo anterior aun cuando la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética -la cual regula a la CRE- habla de que los potenciales conflictos de interés de los comisionados sólo se pueden dar con familiares en segundo grado», detalló.
De acuerdo con García Alcocer, el permiso cumplió todos los requisitos de ley, fue autorizado colegiadamente por unanimidad del Pleno de comisionados, que no tienen relación de subordinación, y su actuación se sustentó en el análisis de la Unidad Jurídica de la Comisión, la cual no identificó vínculo de la empresa solicitante con el familiar de cuarto grado.
García Alcocer anunció su renuncia al cargo el 3 de junio de 2019 debido a presiones políticas y visiones diferentes con los nuevos comisionados del órgano regulador, y encabezó su última sesión de órgano gubernamental de la CRE el 14 de dicho mes, después de meses en que López Obrador lo acusó por supuesto conflicto de interés.
El funcionario fue nombrado en abril de 2016 y aún le restaban cuatro años de su gestión al frente del órgano regulador.
López Obrador rechazó presiones para la renuncia de García Alcocer.
«Nosotros no presionamos a nadie, lo que quisiéramos es que quienes no comparten el nuevo proyecto de Nación pues, en un acto de honestidad, deben de optar por otra manera de laborar, hay muchos que pueden estar en la academia, incluso en las empresas privadas», dijo en su conferencia matutina del 4 de junio de 2019, al ser cuestionado sobre el tema.
«Lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de Nación y se mantengan solo por el cargo. Eso no es honesto, aunque está permitido. Nosotros no vamos a presionar a nadie, pero pensamos que, de manera voluntaria, deberían decir: ‘aprobé la reforma energética y ahora resulta que fracasó y el nuevo Gobierno está llevando a cabo una política distinta; qué hago aquí'», lanzó el Mandatario en aquel entonces.
