La Suprema Corte de Justicia notificó hoy la admisión a trámite de una nueva solicitud de consulta popular para investigar y sancionar posibles ilícitos de ex Presidentes de la República.
El acuerdo de la Corte indica que, este lunes, fue turnada al Ministro Luis María Aguilar la solicitud enviada por el Senado, que a su vez se originó en más de 2.1 millones de firmas recabadas por activistas y miembros de Morena, y certificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Fuentes judiciales informaron que el Pleno de la Corte resolverá sobre la procedencia de esta consulta antes de su receso, que inicia el 16 de diciembre, pues la Ley Federal de Consulta Popular le da veinte días naturales para pronunciarse.
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”, es la pregunta planteada en esta solicitud.
Lo más probable es que la Corte terminará resolviendo esta petición en términos similares a la presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 1 de octubre, por 6 votos contra 5, el Pleno de la Corte declaró Constitucional la materia de la consulta, pero reformuló totalmente la pregunta que había planteado el Ejecutivo.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta que planteó López Obrador.
“¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, fue la pregunta aprobada por la Corte.
La consulta con base en esta pregunta tendrá que ser realizada el primer domingo de agosto, no el día de la elección federal en el primer domingo de junio, pues así lo ordena la Constitución, y la Corte reiteró que será necesaria la participación de al menos 40 por ciento de la lista de electores–37 millones de ciudadanos–para que el resultado vincule a las autoridades.
Es previsible que, para facilitar el proceso y evitar cargas y costos adicionales al INE, que debe organizar la consulta, la Corte optará por reformular la pregunta de esta nueva solicitud, para hacerla idéntica a la anterior.
