En un hecho sin precedentes, jueces federales admitieron amparos de dos militares, entre ellos General Brigadier, que buscan anular una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de nueve personas, durante un enfrentamiento en Nuevo Laredo en septiembre de 2016.
El General Brigadier Héctor Mosqueda Velásquez, Jefe de la Sección Novena del Estado Mayor de la Sedena, y el cabo Genaro Jiménez Mora, presentaron amparos el 12 de noviembre para impugnar la recomendación 37/2020 de la CNDH, que señaló a 11 militares por violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso excesivo de la fuerza.
Los jueces Sexto y Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedieron a los militares suspensiones para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no incorpore la recomendación de CNDH en su base de datos ni en los expedientes de los quejosos, mientras se analiza su legalidad.
«En caso de razonar en sentido contrario, esto es, que se niegue la medida cautelar y los actos reclamados se ejecuten, la violación que pudiera implicar sería de difícil reparación, al resultar compleja la restitución en el goce de los derechos violados en caso de que obtenga una sentencia favorable», afirmó el juez Gabriel Regis López al conceder hoy una suspensión definitiva a Mosqueda, quien era Coronel de Caballería en la época de los hechos.
Los amparos también cuestionan la Constitucionalidad del artículo 47 de la Ley de la CNDH, que señala que contra las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de ese órgano, no procede ningún recurso, por lo que estos litigios podrían terminar en la Suprema Corte de Justicia, a la que correspondería resolver sobre este tema.
La recomendación 37/2020 es una de las más duras que ha emitido la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la Presidencia en noviembre de 2019.
Detalla los hechos del 3 de septiembre de 2016, cuando personal del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército, del que Mosqueda era Comandante, participó en una balacera en el kilómetro 13 de la Carretera Nuevo Laredo-Monterrey en la que murieron todos los presuntos sicarios, además de una mujer que circulaba por la zona.
La CNDH descartó la versión de los soldados de que, en todo momento, fueron ellos los agredidos por los presuntos delincuentes desde otros vehículos.
«La finalidad del personal castrense, conforme al lenguaje usado por la propia Sedena en los diversos informes remitidos a la Comisión Nacional, fue la de ´neutralizar´ a los tripulantes del vehículo A, es decir, privarlos de la vida, ya que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del personal castrense», concluyó la Ombudsperson.
La recomendación incluyó la instrucción a la Sedena para coadyuvar en la denuncia que la CNDH presentó contra los involucrados ante la Fiscalía General de la República, y dio tres meses al Ejército para acreditar que la aplicación efectiva de sus manuales sobre uso de la fuerza.
