Por unanimidad, el pleno de San Lázaro aprobó prohibir los castigos corporales y tratos humillantes como medidas de corrección o disciplina.
El proyecto avalado con 446 votos a favor, modifica diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal para establecer que esta prohibición estará vigente para los padres y madres de los menores, pero también para las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia y para personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y cualquier otra que brinde asistencia a este sector.
Las modificaciones que fueron enviadas al Ejecutivo federal para su publicación definen el castigo corporal como todo acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro actos que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
Asimismo, indica que un castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizados, estigmatizante, ridiculizador o de menosprecio o cualquier acto que tenga como objeto provocar dolor, amenazas, molestia o humillación.
«Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina para niñas, niños y adolescentes», plantea la reforma.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, advirtió que con esta reforma quedaran prohibidas prácticas arraigadas en el País, como los reglazos, las nalgadas o los chanclazos.
«Varazos, reglazos, chancladas, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jalones de pelo, jaloneos, encadenamiento, quemaduras de cigarro, baños de agua fría o caliente, borradorzasos, falta de alimento, ganchazos, jalones de oreja, mandarlos bajo el sol, trabajos forzados, cinturonazos, quemaduras en manos y pies entre otros que seguramente ustedes conocen quedarán ahora prohibidos para quienes ejercen la patria potestad, docentes y todas aquellas personas que los tengan bajo su cuidado», recalcó.
Juárez afirmó que la reforma no pretende ser de corte penal, sino un detonante para la intervención pública temprana en la prevención y atención en este tipo de violencias que, en casos extremos, podría derivar en la pérdida de la custodia.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, la morenista Rosalba Valencia lamentó que los castigos corporales y los tratos humillantes son prácticas extendidas en el País.
Como ejemplo, dijo que según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 63 por ciento de los menores entre uno y 14 años de edad sufrieron agresión psicológica y/o castigo corporal en su hogar, 38 por ciento fueron objeto de castigo corporal y 6 por ciento sufrieron castigos corporales severos. Sólo 31 por ciento experimentó una forma de disciplina no severa.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, señaló que la reforma no sólo es oportuna, sino un paso necesario, ya que diversos estudios científicos recientes han comprobado cómo los castigos corporales y los tratos humillantes son el germen inicial para desarrollar una sociedad violenta.
«No hay insulto pequeño ni golpe suave, la violencia es una sola y cuando se normaliza desde edades tempranas, por supuesto que se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo», sostuvo.
