De aprobarse el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en la Cámara de Senadores, amenazaría los empleos e inversiones del sector de telecomunicaciones, advirtió la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti).
«Un registro de usuarios de telefonía móvil es complejo y cada concesionario tiene su propia plataforma, no necesariamente compatibles con las demás, como para generar en forma rápida y simple, una base de datos universal.
«Pondrá en riesgo los empleos del sector y las inversiones; el costo de instrumentar un registro de esta naturaleza es muy alto, por lo que podría darse el caso de que las empresas de telecomunicaciones dejen de realizar inversiones productivas», indicó en un comunicado.
El padrón contendría nombre, datos biométricos y domicilio de las cerca de 120 millones de cuentas existentes.
Los concesionarios, agregó la Cámara, deberán entregar todos los datos personales e información sensible a las autoridades sin que medie requisito alguno
Esta información es sensible y en caso de que su destino no sea el adecuado, se atentará contra la seguridad de los particulares.
«No existe en el País registro alguno, público o privado, que pueda contener mayor cantidad de información sensible de los particulares, además de información personal y de localización, hábitos de consumo que pueden determinar la capacidad económica de cualquier persona», expuso Canieti.
El decreto, aseveró, atenta contra el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, establecido en el artículo 6 de la Constitución, pues como parte de las penalizaciones, el concesionario estaría obligado a la cancelación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización si los usuarios no acuden a registrar su línea.
«Detendrá la penetración de la telefonía en México; una gran parte de la población, en especial de bajos recursos, no necesariamente tiene un comprobante de domicilio como los que se solicitan en la reforma», puntualizó.
El jueves pasado, se aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer una base de datos operada y regulada por el IFT.
