José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compareció en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le atribuyen por un monto de 36 millones de pesos.
Acompañado de dos abogados, el Magistrado acudió por un citatorio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), a cargo de María de la Luz Mijangos, que lo requirió para una diligencia de entrevista en calidad de investigado.
De acuerdo con autoridades federales, en su comparecencia de una hora de duración, Vargas designó a sus abogados ante el Ministerio Público, accedió a la carpeta de investigación para conocer de la imputación y manifestó que en breve presentará su declaración por escrito.
Aunque ingresó por la puerta principal de la sede central de la FGR en la Glorieta de Insurgentes, la salida del Magistrado no fue por el mismo acceso.
La Fiscalía autorizó que su camioneta entrara al estacionamiento del edificio, donde abordó el vehículo a las 13:10 horas y se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
La carpeta de investigación fue iniciada por una denuncia que presentó el pasado 21 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicho organismo le atribuye ingresos injustificados y de probable origen ilícito por una suma de más de 36 millones de pesos, en el periodo 2013-2018, en depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas supuestamente no identificadas.
REFORMA dio a conocer el 28 de octubre de 2019 que la unidad a cargo de Santiago Nieto investigaba a Vargas porque supuestamente habría cuadruplicado sus ingresos de 2013 a 2017 y presentó movimientos financieros inusuales por 14 millones 96 mil 478 pesos en una tarjeta de crédito American Express, de 2016 a 2018.
A fines de noviembre pasado, la titular de la FECC, María de la Luz Mijangos, dijo que que la indagatoria no registraba avances porque la UIF no había presentado pruebas para sustentar la imputación.
Si bien hizo requerimientos de información a distintas dependencias de gobierno, la fiscal precisó que no habían sido rendidos por la contingencia sanitaria, razón por la que les giró apercibimientos.
